En busca de posibles casos de tráfico de influencias, la Asamblea Legislativa debe informar el número exacto y nombre de sus empleados.
Así que estos datos serán solicitados a la Contraloría interna y la Oficialía Mayor del órgano legislativo por la fracción parlamentaria del PAN.
De acuerdo con el legislador blanquiazul Héctor Sául Téllez, las razones para definir con precisión estas relaciones yacen en la influencia de corrientes y grupos de poder perredistas.
“Para nadie es un secreto que en la Asamblea hay grupos de poder identificados con el PRD que ejercen influencia sin nombramiento y sin duda, tienen voz incluso para las decisiones de la propia Comisión de Gobierno y en el ámbito del poder ejecutivo local”, criticó el diputado.
Si se llegan a comprobar estas acusaciones, al determinar si hubieron nombramientos o nexos de familiares con los líderes de las corrientes perredistas, tendría que aplicarse la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, cuyas sanciones van de una amonestación hasta la inhabilitación temporal.
LA LEY LO DETERMINA ASÍ…
Ley Federal de Servidores Públicos
Artículo 47. Señala que los servidores públicos deben abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso.
Las sanciones administrativas pueden ser:
-Apercibimiento privado o público
-Amonestación privada o pública
-Suspensión
-Destitución del puesto
-Sanción económica
-Inhabilitación temporal
