El abuso de autoridad por multas mal puestas a automovilistas derivadas del “arrastre” de grúas debe entrar en una lógica de reparación del daño por violación a derechos humanos.
Así lo considera la diputada Laura Ballesteros, vicecoordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa, quien adelantó que promoverá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por estos casos.
MÁSDF publicó ayer la historia de un conductor que ganó una sentencia para la devolución de su dinero por un “arrastre” en horario indebido –aunque no sabe cuánto tardarán en reembolsarle—, el cual es uno de los 7 mil 637 procesos de impugnación que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha registrado en los últimos tres años.
“Con respecto a los trámites que se tienen que realizar, tendría que haber una profunda revisión por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Nosotros estaremos buscando a los afectados directamente para poder levantar una queja en próximos días ante la CDHDF; probablemente se podrá estrenar la nueva ‘ombudsperson’ con esto, para que se pueda reparar el daño a las personas que son víctimas de estos procesos derivados de la corrupción”, aseguró Ballesteros.
Y calificó el tema como un pendiente en la materia, ya que estudios de Transparencia Internacional indican que en ciudades como México en el 90 por ciento de los actos de violación de derechos humanos en los gobiernos, hay un acto de corrupción involucrado.
“Lo que tendría que suceder primero es que este tipo de situaciones paren en la ciudad de México. No tendríamos por qué tener una autoridad que, inmiscuida en actos de corrupción, esté generándole multas hechizas a los capitalinos. El mismo caso tuvimos con los ciclistas, que los policías los estaban multando por ir caminando con su bicicleta en la calle de Madero”, apuntó.
Lo segundo es que la reparación del daño no solo se limite a lo económico, aclaró, sino que sea integral, incluida la garantía de no repetición.
Estos casos tienen que ver, además, con la falta de transparencia en los procesos de alianza del gobierno con la iniciativa privada.
(MARCELA NOCHEBUENA)
