Arturo Ñúnez ya dio un pasito más en la batalla contra su antecesor Andrés Granier: presentó una denuncia formal ante la PGR por presunto desvío de recursos.
No suena mal. Ahí la llevan. Y uno pensaría que falta poco para terminar de documentar sus dichos y entonces Granier irá a la cárcel. Casi diríamos: se resuelve en unos días. Pero no es tan fácil.
El gobierno de Tabasco ahora tiene que saltar todos los obstáculos que pone el sistema de justicia para consignar a los responsables, más cuando se trata de ex funcionarios. Un sistema, además, que sólo se
mueve rápido si hay “voluntad política” (un eufemismo para referirse a la decisión del Presidente).
Y no siempre hay esa voluntad. Ni hay leyes para aplicarla. Ahí está la historia de Zacatecas, que mencionábamos la semana pasada: terminó en la Suprema Corte, que le otorgó un amparo a Amalia García, y esto hizo volver el procedimiento al día uno, después de un año de auditorías.
Vean por qué:
El caso, para hacer un poco de memoria, empezó en noviembre de 2010, cuando la Contraloría zacatecana concluyó que la ex gobernadora había “mal gastado” casi tres mil millones de pesos.
Un ejemplo: usó 120 millones de pesos para créditos personales sin intereses, avales ni garantías de pago. La batalla legal incluyó comparecencias de García Medina, amparos, informes, notificaciones, resoluciones de jueces, quejas ante Tribunales Colegiados… Y finalmente, la solicitud de amparo que atrajo la Suprema Corte.
Por supuesto, el amparo es un instrumento legal y legítimo para defenderte. Pero lo interesante fue que la estrategia legal de García se centró en demostrar que las leyes que usaron para acusarla estaban
mal hechas. Va de nuevo: ella, que había sido seis años gobernadora, detectó que la ley estaba mal hecha cuando ya no era funcionaria.
¿Había pedido que se arreglara cuando estaba al frente del gobierno zacatecano? Obvio, no. Y sí mal hecha, aunque fuera por asuntos menores. Ejemplo: la ley, que era de 2001, debía ser refrendada por el Contralor estatal según establece la constitución estatal, y eso nunca había ocurrido. Faltaba una firma, pues.
En 10 años nadie había notado los errores, salvo el abogado de García. Resultado: la Corte concedió el amparo y declaró nula la auditoría, sin entrar en el detalle de lo que habían encontrado.
Hoy, vale recordar, Amalia García es diputada. Y del tema de los 3 mil millones nadie ha vuelto a hablar, quizá por falta de “voluntad política”. Ojalá Arturo Núñez tenga “mejor suerte”, mejores leyes y, sobre todo, que él sí encuentre “voluntad política” para enfrentar el desfalco.
¡Anímate y opina!
*Daniel Moreno
Periodista, ha trabajado en diversos medios como Reforma, Milenio y El Universal. Actualmente dirige AnimalPolitico.com y colabora en distintos espacios radiofónicos, como en Fórmula, Reactor 105 y en máspormás Radio.
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