Ahora sí. Todo indica que este año, los capitalinos tendrán su reforma política.
Legisladores federales del PRI, PAN y PRD llegaron a un acuerdo para aprobarla en el periodo de sesiones que comienza en septiembre.
Una de las quejas de los ciudadanos es que los jefes delegacionales no tienen contrapesos a su desempeño. En respuesta, se crearán consejos en cada una de las 16 delegaciones.
Estos consejos serán diferentes a los cabildos, órganos de apoyo de los municipios. La diferencia radicará en que sólo supervisarán y no podrán ejecutar acciones.
Además, el Distrito Federal adquirirá oficialmente el rango de ciudad capital, es decir, formalmente ya se llamará Ciudad de México. Actualmente, el artículo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que “La Ciudad de México es el Distrito Federal”.
Se establecerá que el Constituyente que dará vida a la Constitución local será la legislatura de la ALDF que entre en funciones en 2015.
Sin embargo, la ciudad aún no tendrá autonomía para decidir su techo de endeudamiento. Es decir, la Cámara de Diputados aprobará, anualmente, esa cifra.
BENEFICIOS PARA EL CIUDADANO
Se entiende como reforma política del Distrito Federal a los cambios legales que se modifican las facultades de quienes gobiernan la ciudad (el titular de su Ejecutivo, sus legisladores y su poder judicial).
En 1986 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pero es hasta 1993 cuando adquiere facultades para legislar sobre algunos temas.
Uno de los mayores cambios se dio en 1997, cuando, por primera vez, los capitalinos pudieron votar para elegir a su jefe de Gobierno. Antes, el gobernante de la ciudad era conocido como regente capitalino y era el presidente de la República el encargado de nombrarlo.
A partir de ese momento, hubo diversos intentos para lograr que la capital se convirtiera en el estado 32. En la administración de Miguel Ángel Mancera, se llegó a la conclusión de que lo adecuado era reconocer que el D.F. tenía peculiaridades derivadas de ser la sede de los poderes de la Unión y que, por tanto, si bien debía tener una Constitución no podía equipararse a un estado.
