Con el fin de recontratar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Comisión Federal de Electricidad debe crear una filial en el Distrito Federal.
Así lo consideraron diputados locales perredistas, quienes durante la Diputación Permanente, aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la CFE a eficientar el servicio en la ciudad mediante una sucursal.
“Desde hace más de tres años, esta Asamblea Legislativa se ha pronunciado en contra de las acciones irregulares suscitadas en torno al decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que emitió Felipe Calderón, a partir del cual fueron despedidos miles de trabajadores, quedando en el desempleo, quienes iniciaron su lucha en el terreno judicial”, apuntó el legislador perredista Alejandro Robles, quien promovió el exhorto.
Luego calificó como una decisión económica, política administrativa, y no un acto de justicia, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 30 de enero de 2013, en la que resolvió que la CFE no podía considerarse patrón sustituto de los ex trabajadores de LyF.
Desempleo
En el punto de acuerdo, los perredistas argumentaron que la materia de trabajo subsiste, porque el servicio que proporcionaba LyF fue absorbido por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que “los trabajadores deberían ser insertados como empleados de este órgano, lo que no sucedió porque la SCJN lo declaro improcedente”.
Afuera del recinto legislativo, unos 200 integrantes del SME esperaron a que la Diputación discutiera el punto y celebraron cuando este fue aprobado; por alrededor de una hora, bloquearon el cruce de Donceles y Allende. Incluso, una representación de una decena de ellos entró al pleno durante la lectura del documento.
Robles añadió que los electricistas se han convertido en parte de la estadística de desempleo del Distrito Federal, pues actualmente unos 16 mil 599 de ellos permanecen sin trabajo.
Considerando, según el perredista, que las familias mexicanas tienen un promedio de 4.3 integrantes, la cifra de afectados directos se elevaría a más de 71 mil personas.
“Más allá de un número de personas, se ha vulnerado el derecho al empleo, que se ha desprotegido para favorecer a otros intereses”, apuntó.
Y acusó que a tres años de la extinción de LyF, los resultados no son claros, pues no ha mejorado el abastecimiento de energía eléctrica, que permanece intermitente; las tarifas se dispararon a más del 100 por ciento y se han producido miles de quejas, lo que derivó en la creación de una Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en la ALDF.
(Marcela Nochebuena)
