Imperio del parquímetro
El primer día de julio inició la fase de prueba de los parquímetros del corredor Roma-Condesa donde operan 164 equipos que permiten regular el estacionamiento de 2 mil 502 espacios en un horario de 8:00 a 20:00 horas. El 14 de julio terminó el periodo de familiarización y las autoridades comenzaron a cobrar las multas correspondientes por no pagar el tiempo de estacionamiento en el parquímetro asignado, el cual tiene un costo de dos pesos por cada 15 minutos.
Dudan del INVEA
Los jefes delegacionales de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández; Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, y de Álvaro Obregón, Leonel Luna, se pronunciaron por la desaparición del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. De acuerdo con los funcionarios, los operativos no están bien coordinados y en ocasiones se duplican las tareas. La polémica fue tal, que incluso el diputado Alejandro Ojeda expuso ante la Asamblea Legislativa varias inconsistencias en el organismo, que sigue trabajando en el DF.
Polémica autopista
La posible construcción de la Autopista Urbana Oriente encendió las alarmas entre los ecologistas, quienes aseguraron que esta vialidad podría atentar contra el bienestar natural de uno de las zonas lacustres más importantes: Xochimilco. Incluso se juntaron más de mil 500 firmas por parte del colectivo Xochimilco Vivo y Camina, Haz Ciudad para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que se modificara el trazo original de la autopista para evitar afectaciones. Actualmente las obras no han iniciado y no hay fecha para ello.
Ciudad peatonal
Mientras se discutía la creación de nuevas vialidades también se analizaba el proyecto para crear calles peatonales. Tal es el caso de 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, que inició su proceso para restringir el paso de automóviles. En este mes, el titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP) Eduardo Aguilar, platicó con MÁSDF sobre el proyecto. El funcionario destacó que el proyecto tendría un costo de 40 millones de pesos.
AGOSTO
La fiesta del maratón
Más de 20 mil personas participaron en la edición 31 del Maratón Internacional de la Ciudad de México, logrando el mayor número de corredores en la historia de esta contienda deportiva para marcar un marco de referencia a escala global. El éxito de este evento permitió que fuera considerado como clasificatorio para el Maratón de la Ciudad de Bostón, en Estados Unidos, y se busca que en un futuro se pueda ubicar en la lista de los 10 mejores maratones de todo el mundo. De acuerdo con el director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) Horacio de la Vega, el objetivo es incrementar la cantidad de corredores a más de 35 mil en la edición de 2018.
Que vengan los bomberos
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una partida presupuestal de 60 millones de pesos para adquirir equipo y uniformes para los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, pues operaban con gran desgaste. De acuerdo con el líder sindical Ismael Figueroa, los 550 millones de pesos que recibe esta institución anualmente no son suficientes para cubrir las necesidades que requieren para atender las contingencias que se presentan diario en la ciudad. Hace unos días los bomberos estrenaron sus uhiformes blindados con tres telas capaces de soportar temperaturas por encima de los 300 °C; además cuentan con viseras repelentes al fuego que pueden resistir hasta 500 °C sin causar daños a quien las porta.
La trampa de los constructores
Se descubrió que en la ciudad había al menos 63 edificios de lujo que se estaban construyendo bajo el amparo de la Norma 26, aún cuando esta disposición se encuentra dirigida a facilitar permisos únicamente a las viviendas populares. Un dictamen de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) evidenció que la mayoría de los casos en donde se concentraban estas irregularidades era en las delegaciones Benito Juárez, Azcapotzalco e Iztacalco. Si un desarrollador inmobiliario tramita permisos de construcción a través de la Norma 26 puede construir más pisos de los que autorizan los programas de desarrollo urbano, pero el precio por vivienda debe ser inferior a los 700 mil pesos. Las empresas inmobiliarias solicitaban permisos a través de esta norma y cuando prácticamente habían terminado la construcción la vendían a otra empresa, para que a su vez ésta pudiera comercializar los departamentos en más de 2 millones.
