La Contraloría General del Distrito Federal deberá revisar cuántos certificados de uso de suelo expidió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda basados en la Norma 26 –desde agosto de 2010—, así como en cuántos casos estos han sido mal utilizados.
La Norma 26 otorga facilidades para la construcción de vivienda de interés social, siempre y cuando se cumpla la condición de que los departamentos midan menos de 65 metros cuadrados y su precio de venta sea de hasta 15 salarios mínimos anuales, es decir, unos 350 mil pesos. No obstante, es aprovechada por desarrolladores para construir complejos de lujo.
Tras la denuncia de diversos abusos –la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial registra 63 casos—, la Asamblea Legislativa del DF exhortó ayer a la Contraloría General capitalina a auditar a la Seduvi respecto a los permisos otorgados con base en la norma, mediante un punto de acuerdo promovido por la diputada panista Gabriela Salido.
La petición surgió a raíz de la segunda suspensión a la norma, que estará vigente del 19 de agosto hasta el 13 de diciembre de este año, lapso en el que supuestamente se presentará un paquete de reformas al ordenamiento.
“Se solicitó a la Seduvi que hiciera los trabajos de revisión necesarios para garantizar que los certificados otorgados bajo el amparo de la norma no tuvieran anomalías, porque aparte es la segunda vez que se suspende por una evidente molestia en la comunidad por el abuso que se ha dado”, comentó Salido tras la aprobación del punto de acuerdo.
Recordó que, además, la dependencia debe resolver los 11 juicios de lesividad que tiene pendientes relativos al abuso de la norma y darse a la tarea de revisar los predios que erigieron un desarrollo justificados en esta.
“También solicitamos a la Contraloría que haga la revisión administrativa necesaria, para que en el caso de que algún servidor público haya sido omiso o pretendido mal utilizar la norma, sea sancionado”, añadió.
Aunque el número exacto de construcciones irregulares por Norma 26 se desconoce con exactitud –será lo que deba determinar la Contraloría— Salido calcula que se reciben de dos a tres quejas al mes por ese motivo.
Destacó que la auditoría debe conducir no sólo a revocar los certificados, sino la nulidad de las manifestaciones de construcción y sanciones a los responsables. Los resultados, aclaró, deberían estar antes de que venza el plazo de suspensión.
(Marcela Nochebuena)
