De acuerdo con especialistas, el cobro de los baños es ilegal, pues no existe un uso de suelo que ampare este servicio, por lo que sostienen que es un derecho humano no garantizado
Brenda Raya es cronista, geógrafa e integrante del Colectivo Callejero
Los hay de todo tipo: separados por paneles, en cabina, con cortinas sobre un lazo, con modalidad “al terminar échele agua con la cubeta”, con música de fondo, con vestidor, permanentemente encharcados, con declaraciones de amor en sus muros, con servicio de cigarros sueltos para fumar ahí mismo, con vocación propia o prestados por los habitantes de una casa. En el Boletín de Monumentos Históricos número 17, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la investigadora Gabriela Sánchez Reyes menciona la existencia de baños públicos en la capital desde al menos 1863. En ese año el ayuntamiento instaló quioscos o “meaderos públicos” en distintas calles de la ciudad que para entonces aún era pequeña. Pronto estos fueron insuficientes y entre los problemas registrados estaban los fuertes olores y el deficiente sistema de drenaje. A más de cien años de distancia, el crecimiento desbordado de la ciudad y los modelos laborales que implican largas jornadas de trabajo fuera de casa, son algunas de las condiciones que sustentan la necesidad de un buen sistema de sanitarios públicos.
Derecho no garantizado
“El baño no es público”, “no sirve el baño”, “uso del sanitario únicamente con consumo”, son algunas de las frases prohibitivas que se pueden encontrar en cualquier establecimiento. Entre 2017 y 2018, los Sanborns dejaron de prestar sus baños para las necesidades de los citadinos y establecieron el ticket de compra como boleto de entrada a los sanitarios. La salvación por excelencia de miles de chilangxs dejó de serlo de un día a otro. Como si fuera un bar, a modo de cadeneros los trabajadores de limpia de la franquicia restaurantera solicitaban el comprobante de pago que acreditara que podías usar el baño. Los primeros en encontrar una solución sencilla pero creativa fueron los vendedores ambulantes. En una visita para saludar a mis amigos libreros del callejón Condesa, me platicaron su eficiente método: comprar el periódico del día y compartirlo entre todos con su respectivo ticket. Una compra aseguraba el uso para todos. Los vagoneros del metro también se han hecho de opciones, por ejemplo, establecer acuerdos de descuento por el uso frecuente. En algunos estacionamientos, el servicio para los ambulantes se cobra a la semana, no importa las veces que lo necesites. Ganarse la vida en la calle, es bien sabido, alimenta la astucia.
Carlos Arturo Martínez Negrete, especialista en derechos humanos y autor del libro Yo, tú, él, ¡todos! tenemos derecho al uso del baño, explica cómo este servicio se volvió un gran negocio cuando fueron integrados al catálogo de recursos autogenerados en la ciudad, entre los que se encuentran también los deportivos y los estacionamientos. Según el investigador, el cobro de los baños es ilegal pues no existe un uso de suelo que ampare este servicio y por lo tanto no hay una normatividad, por lo que sostiene que es un derecho humano no garantizado, pues una persona gasta hasta 700 pesos mensuales en resolver esa necesidad, ya sea por pago directo o no, por ejemplo, cuando pagas más por un boleto de autobús que tiene baño.
Distribución desigual
Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en la alcaldía Cuauhtémoc hay 404 registros de baños públicos, mientras que en Magdalena Contreras sólo hay 16 y en Cuajimalpa 11. Otro cambio en años recientes fue la automatización del servicio, que ha llegado al punto de no requerir personal permanente. Funcionan con torniquetes que se activan con el ingreso de monedas y no hay un interlocutor que pueda perdonarte la ausencia del pago, como todos hemos necesitado al menos una vez en la vida, ante tan humana condición de necesitar ir al baño y no tener dinero.
Si bien no es un delito “hacer nuestras necesidades” en la vía pública, sí está considerada como una falta administrativa. De acuerdo con el artículo 29, fracción II de la Ley de Cultura Cívica, orinar en la vía pública es una infracción contra el entorno urbano. Pensemos en lo complicado de esta medida para quienes viven en la calle, para quienes acudir al sanitario implica un gasto más que se suma a los otros del día, además de enfrentar la posibilidad de ser discriminado. En esos casos, las jardineras, coladeras o cualquier resquicio se vuelve la única opción.
En 1996, María Félix declaró en una famosa entrevista que la catedral olía a orines y que era tan fuerte el olor que no se podía ni respirar, no se equivocaba. Según el censo de poblaciones callejeras en 2017, es la alcaldía Cuauhtémoc la zona con mayor población en calle, con mil 303 personas. ¿Dónde orinan y defecan las miles de personas que no tienen casa? La ciudad crece sin parar y la necesidad de que el servicio sea gratuito y masivo se vuelve una demanda impostergable.