Primero dio luz verde a la fuerza pública, luego defendió la libertad de manifestación al grado de oponerse a la más mínima regulación y ahora dejó la decisión a la autoridad.
Para la situación de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se mantienen en plantón en la ciudad, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia señaló que será la autoridad quien tome la determinación de usar o no la fuerza pública, pues el derecho a la libre manifestación no es absoluto.
“Hay condiciones que lo limitan y hay condiciones en las que eventualmente la autoridad tendrá que decidir si utiliza o no la fuerza pública. Sin embargo, es importante decir que de ninguna manera esas condiciones se pueden plantear de manera inmediata y tampoco de forma irrestricta”, acotó.
El uso de la fuerza pública, según González Placencia, está sujeto a principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Además, hizo un llamado a quienes ejercen su derecho a protestar para que tomen en consideración al DF como un espacio en el que han podido manifestarse, lo cual debería motivarlos a evitar que el ejercicio de sus derechos afecte a los habitantes de la capital.
“Desde aquí yo hago un llamado a quienes ejercen su derecho a protestar para que tomen en consideración que la ciudad de México ha sido un escenario en el que ellos han podido manifestarse y eso me parece tiene que ser tomado en cuenta para evitar que el ejercicio de este derecho se convierta en una afectación para quienes habitamos esta ciudad”, apuntó el ombudsman capitalino.
En cuanto al número de quejas por el plantón y manifestaciones de los maestros, negó que hayan aumentado: “Todas están en un solo expediente, como les he comentado, alrededor de 50 quejas. Aunque sí hemos recibido múltiples escritos de inconformidad”.
El pasado 5 de septiembre, González Placencia aseguró que independientemente de la posición de la Comisión, por la propia Constitución no era posible regular las marchas, por lo que solo podrían establecerse estándares de racionalidad en caso de que algún ciudadano lleve a un tribunal la afectación a sus derechos.
Esos estándares servirían, según el funcionario, para que las comisiones de derechos humanos puedan tomar una posición con mucha mayor eficiencia, pero no serían vinculantes.
(Marcela Nochebuena)
