Organizaciones civiles solicitaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que queden al descubierto los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que dieron el permiso en 2012 para la edificación de residencias en la zona ecológica El Cedral.
El documento Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el cual se autoriza la construcción de edificios de hasta cinco niveles en este paraje, fue firmado por un funcionario de Seduvi cuyo nombre es Christian Carrillo Vargas, pero es lo único que se conoce.
Ayer, luego de que Miguel Ángel Mancera asegurara que se revocará esta autorización, el presidente de la asociación Pro Contadero, Guillermo de la Mora, consideró que no es suficiente.
Explicó que hubo peritos y personal de Seduvi que dieron la autorización para la construcción de inmuebles de hasta cinco niveles “brincándose todas la trancas”.
Además que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo para el predio El Cedral fue expedido en respuesta a un amparo solicitado por la inmobiliaria, sin embargo los abogados de los vecinos se percataron de que hubo una tergiversación del proceso por parte de la Seduvi.
“El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que ya iniciaron las gestiones para revocar el uso de suelo, pero no es suficiente necesitamos averiguar qué peritos y notarios hicieron posible el cambio de uso de suelo el 25 de julio de 2012”.
El presidente de Pro Contadero informó que personal de la Seduvi tampoco visitó El Cedral para dar fe de lo que les informó el perito y simplemente autorizaron la construcción de viviendas de hasta cinco niveles en zona boscosa sin si quiera una inspección ocular.
“¿La Seduvi se deja engañar con actos simulados? Porque el funcionario tuvo que haber hecho una visita”, señaló Guillermo de la Mora.
Lo que más causo extrañeza a las asociaciones civiles que defienden El Cedral es que cuando la Seduvi dio autorización para erigir vivienda olvidó que se trata de un área de preservación ecológica.
El pasado 16 de julio la Seduvi admitió la irregularidad y aseguró a través de un comunicado que se daría vista sobre el mismo a la Contraloría Interna, la cual se encargaría de aplicar sanciones a los servidores públicos involucrados.
Pero la asociación Pro Contadero señala que acerca del tema de las sanciones ya no se ha vuelto a informar más.
(josué huerta)
