En el Pacto por México y en sexenios anteriores el PAN y el PRD se han manifestado por que una sola institución electoral administrativa organice las elecciones y, como consecuencia lógica y natural, un solo tribunal central realice la función jurisdiccional electoral. Como siempre, los abogados encontramos maneras elegantes para justificar este cambio en lugar de llamarlo por su nombre: es decir, se trata de una centralización que elimina el federalismo electoral, se pretende inventar una competencia nacional y por eso se habla de instituciones nacionales.
Hasta ahora los dos argumentos de mayor peso para el cambio han sido el costo excesivo de las elecciones -en el que se incluye el costo de los institutos y tribunales electorales- y el control de gobernadores y partidos sobre las instituciones electorales locales.
La intromisión de actores políticos en los órganos electorales locales no es un fenómeno aislado: también se da a nivel federal en el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se puede tratar del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, partidos políticos nacionales, diputados, senadores y operadores políticos de niveles superiores en el Gobierno Federal.
Estimo que el problema radica en dos aspectos de la realidad: el primero es cultural del mexicano y el segundo es el efecto del poder sobre los seres humanos.
En nuestra historia tenemos un pueblo prehispánico dominado por los tlatoanis para continuar bajo un régimen absolutista en la Colonia y después pasar al México independiente, en donde aparecen los caciques y los caudillos. Durante siglos, la cultura política del mexicano ha sido de súbdito y no ciudadano. Del otro lado de la moneda, el gobernante -casi siempre- ha gobernado sin freno.
Estas raíces culturales no se han terminado de eliminar de las profundidades de nuestro ser, por lo que si centralizamos el acceso al poder las reforzaríamos y podríamos darle un golpe de gran calado a la cultura ciudadana, la democracia y el incipiente federalismo que cobró impulso a partir del año 2000. El andamiaje institucional del Estado Federal no se ha consolidado.
El segundo aspecto es el fenómeno del poder y está ampliamente documentado. El abuso de poder es universal, es una droga que en cuanto lo probamos nos da placer, perdemos control y queremos más, hasta que nos pierde y nos lleva fuera de la realidad. Por estos efectos es muy importante que nunca se entregue de manera absoluta a una persona o a un grupo de ellas.
Toda vez que es imposible eliminar el poder, lo tenemos que limitar. Por lo tanto hay que fijar límites reales, legales e institucionales. Si establecemos el centralismo electoral,corremos el riesgo de que una oligarquía controle el acceso al poder de todos los órganos de gobierno del Estado Mexicano.
En relación al costo de las elecciones, también es muy discutible la validez del argumento. Es un lugar común, pero verdadero, que nuestras elecciones son costosas por la desconfianza: mientras no la superemos, ya sea en un sistema central o federal, seguirán siendo caras.
Ahora bien, si centralizamos ¿nos podríamos ahorrar todo ese dinero? Esto es una verdad a medias. Podría haber cierto ahorro, pero no total: el Instituto Nacional de Elecciones tendría que crecer porque atendería más procesos y existen gastos locales que no podrían desaparecer.
El INE tendría que organizar las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados, 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno, diputados locales en 1,137 distritos , 2,457 elecciones municipales, 16 elecciones de jefes delegacionales, elecciones comunales y seccionales dentro de los propios municipios. En el DF se eligen comités ciudadanos y coordinadores territoriales; mientras que hay estados cuya legislación contempla plebiscitos, referéndums y cualquier otro procedimiento de participación ciudadana.
Como se aprecia, se elevarían exponencialmente las elecciones en sus diferentes manifestaciones. Además, aumentaría la fiscalización ordinaria y electoral, por lo que necesitarían más personal.
En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es todavía menos consistente el argumento del costo. El Magistrado José Miguel Salcido Romero, en su toma de protesta como Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de los Estados dio un dato demoledor: “Basta decir, como ejemplo, que el presupuesto anual del Tribunal Federal, representa año con año, más de tres veces los de todos los tribunales electorales de los estados sumados”.
La justicia nacional electoral también tendría que crecer, ya que sería absolutamente necesario contar con una sala estatal en cada una de las 32 entidades federativas, en lugar de las cinco salas regionales de la actualidad.
Finalmente, el tema cruza por uno de los principios constitucionales medulares: el conflicto entre centralismo y federalismo, con implicaciones históricas de gran transcendencia para nuestro país. Antes de hacer alguna modificación, se debe llevar a cabo un amplio debate y la difusión nacional de los cambios que se pretenden.
Es importante revisar nuestra historia, en virtud de que la decisión que se tome -más que instrumental o de ingeniería constitucional- será política e impactará en el futuro de México y en la forma en que se transmita el poder.
Adolfo Riva Palacio Neri es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con especialidad en Administración Pública del INAP. Expresidente del Tribunal Electoral del DF.
