Es fácil culpar de la gentrificación a lxs nómadas digitales, pero la verdad es que fue un proceso de décadas que empezó al interior de la ciudad
Por Carla Luisa Escoffié Duarte*
El Centro Tlatelolco, el Multifamiliar Miguel Alemán, la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo y otros espacios de la CDMX son memoria de una época en la que el Estado Mexicano construía vivienda social densa y de proximidad.
No era perfecta. La mayoría del país no podía acceder a ella. Muchos de esos proyectos eran para trabajadorxs gubernamentales. Pero, con todo y todo, estaba entendido que invertir en vivienda para la clase trabajadora era una responsabilidad del Estado.
Las cosas han cambiado. Entre el 2000 y el 2020, la población propietaria de la vivienda que habita disminuyó 11.12% en la capital, según datos del INEGI. No es que antes hubiera una situación idílica, pero es evidente que hay un cambio significativo.
Fenómenos como la turistificación redujeron la vivienda de arrendamiento disponible y los desalojos forzosos —es decir, arbitrarios y contrarios a derechos humanos— son un problema cotidiano. Ni hablar de los problemas que enfrentan las personas con la administración de justicia a la hora de proteger sus hogares.
El viraje en la política de vivienda
El 14 de febrero de 1972, una reforma constitucional dio origen a lo que hoy conocemos como el Infonavit y el Fovissste. Una década después, el 7 de febrero de 1983, la Constitución se modificó para incluir de manera expresa en su artículo cuarto el derecho a la vivienda digna. Estos dos momentos son clave para entender la evolución de la política de vivienda en el país.
Por aquellas décadas, en América Latina voces como Hernando de Soto planteaban que el problema de la pobreza era un problema de títulos de propiedad. Se decía que, al no tener un título de propiedad, la gente no podía acceder a créditos y préstamos bancarios para mejorar su condición de vida.
Estos discursos apostaban a un “país de propietarios” por lo que los esfuerzos del Estado mexicano se centraron en regularizar tierras de asentamientos precarios y otorgar créditos públicos a lxs trabajadorxs para que se volvieran propietarixs.
A partir de los 70, los proyectos multifamiliares dejaron de ser prioridad. Simultáneamente, la población de Ciudad de México creció significativamente, sobre todo por olas migratorias. En 1987, el Programa de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal dividió lo urbano y lo no urbano. Eso generó una política más rígida y sistemática de desalojos en asentamientos informales o precarios.
Durante el sexenio de Carlos Salinas hubo una serie de reformas en materia agraria y de planeación urbana, cuyo efecto fue una disminución en la rectoría del Estado. El diseño de ciudades y la producción de vivienda quedó cada vez más en manos del mercado.
Esto coincidió con un proceso de gentrificación que priorizaba el uso comercial del Centro Histórico, generando fuertes intereses para remover habitantes de esa zona, como ocurrió con el barrio Regina entre 1990 y 2010.
En el 2000, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación del polémico Bando 2. La normativa frenó la pérdida de población en delegaciones céntricas, pero generó encarecimiento y una expulsión masiva de población hacia las periferias. Según datos de las propias autoridades capitalinas, antes de la pandemia de COVID-19 había un promedio de 3,000 desalojos anuales.
Con la pandemia dio inicio al fenómeno conocido como “nómadas digitales”: personas extranjeras buscando trabajar a distancia por los costos, para ellxs accesibles, de la CDMX, lo cual generó un nuevo capítulo en esta larga historia.
¿Cómo llegamos aquí?
La historia es menos lineal de lo que parece. No obstante, podemos identificar que en los últimos 50 años ha habido un cambio de paradigma en el que la vivienda como un objetivo social fue reemplazada por la vivienda como una propiedad inmueble.
La priorización de los créditos y la regulación de tierras dejó a un lado alternativas como la construcción de vivienda social, la vivienda pública de arrendamiento o el impulso a las cooperativas de vivienda. El tema habitacional es un tema de mercado.
Por supuesto, el panorama es más complejo. La CDMX cuenta con una regulación urbana deficiente, sin bancos de suelo y con obstáculos para construir vivienda económica. El precio de los materiales y los salarios bajos también pesan.
Otro motivo es la especulación y la lógica del mercado que impera en la producción de vivienda, así como la presencia de un Estado que apenas empieza a reconsiderar su función como un garante de alternativas sociales de adquisición de vivienda. Ni hablar del poco interés que hay entre las y los legisladores para adecuar las leyes en materia de arrendamiento.
Estamos en un momento de gran relevancia. La carencias y omisiones en la capital se hacen cada vez más evidentes, generando mayor angustia y preocupación, sobre todo entre jóvenes y adultxs mayores. Pero también el tema de la vivienda recupera un peso mediático que puede dar pie a exigencias políticas.
+Datos
- 3,000 desalojos por año había en la CDMX antes de la pandemia de COVID-19
- La mayor demanda inmobiliaria en la Ciudad de México es de vivienda económica; no se trata de construir cualquier cosa sino de hacerlo para los sectores con más obstáculos
*Texto adaptado para + Chilango
