La mayoría de los detenidos durante el operativo del viernes 13 para “desalojar” a los maestros de la CNTE de la plancha del Zócalo fueron liberados la madrugada del domingo al no existir pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
Así, 27 de las 31 personas arrestadas durante el operativo de la Policía Federal y acusadas de “motín” y “alteración de la paz” salieron en libertad con el pago de fianzas de entre mil y tres mil pesos. Antes de la liberación, el personal del Ministerio Público Federal tomó la declaración de los 31 detenidos en las instalaciones de la Subdelegación Poniente de la Procuraduría General de la República en Camarones, delegación Azcapotzalco.
Al no existir, de momento, pruebas contundentes para la consignación de 27 de los detenidos en la batalla por el Zócalo capitalino, la autoridad federal decretó la liberación “bajo reservas de la ley”. Lo anterior significa que si al continuar con las investigaciones de los sucesos del pasado viernes, el MPF encuentra pruebas de algún delito puede ejercitar acción penal en contra de los presuntos.
LOS QUE SE QUEDAN
Hasta la tarde del domingo, cuatro personas detenidas durante el operativo de recuperación del Zócalo se mantuvieron consignadas ante la autoridad federal, por el presunto delito de violación a la Ley de Armas y Explosivos y lesiones a elementos policiacos, los cuales no alcanzan fianza.
Se espera que en las próximas horas la PGR de a conocer la situación jurídica de estas personas, procediendo a su liberación o al ejercicio del auto de formal prisión.
De acuerdo a los reportes policiacos, las 31 personas arrestadas el pasado viernes fueron detenidas después de la liberación del Zócalo, durante los enfrentamientos con elementos de la Policía Federal en las intersecciones de 20 de Noviembre, Mesones, San Jerónimo, y sobre avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, entre 5 de Mayo e Independencia.
Previo al operativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y del Distrito Federal, desplegaron a visitadores para documentar posibles violaciones a las garantías individuales de las personas durante las detenciones y hasta el momento no se tiene reporte oficial sobre algún abuso de autoridad.
(Manuel Larios)
