La Contraloría General del Distrito Federal investigará el departamento en el que actualmente vive el exjefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard y que anteriormente pertenecía al patrimonio de la Ciudad de México.
El titular de la Oficialía Mayor capitalina, Jorge Silva Morales, aclaró, en conferencia de prensa, que no existe posibilidad de que el inmueble sea restituido al Gobierno de la Ciudad de México, ya que fue vendido por el propietario original a su actual ocupante.
El funcionario explicó que, de acuerdo con la revisión de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario a los archivos, se determinó en 1987 que el entonces Departamento del Distrito Federal compró esta propiedad en 32 millones 920 mil viejos pesos, aunque nunca cubrió el monto total.
Silva Morales detalló que de acuerdo con los documentos encontrados, el lugar estaría destinado para ser la sede de la Academia Mexicana de Arquitectura en 1988, pero desde 1996 y hasta 2007 fue ocupado como Casa de la Cultura de India en México.
En 2008, durante la administración de Marcelo Ebrard en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), se buscó concluir la transacción de compra-venta con la escrituración que estaba pendiente, lo cual no se logró.
El 11 de febrero de 2011 fue firmado el convenio de terminación de contrato de compra-venta y por el cual la parte vendedora regresó al GDF el dinero equivalente, y se le devolvió el inmueble.
El oficial mayor precisó que en este proceso se violó la norma, pues todo servidor público para poder suscribir documentos y emitir actos relacionados con el patrimonio inmobiliario de la ciudad, debe obtener previamente validación del Sub Comité de Análisis y Evaluación y del Comité de Patrimonio Inmobiliario.
“No es práctica legal ni común desincorporar inmueble alguno del patrimonio del gobierno, sin antes obtener la aprobación del citado comité y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, en diversas disposiciones jurídicas aplicables”, dijo.
Dejó en claro que si bien existió compra-venta perfecta y obligatoria, y el Gobierno del Distrito Federal realizó actos de dominio sobre el citado inmueble, la terminación del contrato de compra-venta y la devolución del inmueble se realizó sin observar la normatividad.
Silva Morales dijo que tras revisar los documentos, se determinó que no existió motivación y justificación para el termino del contrato, 24 años después de su celebración.
Por ello, recalcó que se dará vista a la Contraloría General del GDF para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine la posible sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos que incurrieron en violaciones a la norma.
Exoficial Mayor y Ebrard afirman que no hay pruebas en su contra
