Fotografía cortesía
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) se complace en compartir la decisión tomada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP) el pasado 11 de julio. Dicho comité ha decidido posponer hasta la primera semana de septiembre la cancelación de 34 Normas Oficiales en materia de salud.
Esta medida se ha adoptado para abrir un período de análisis y reflexión, mediante la generación de foros con expertos en la materia, con la clara convicción de que los argumentos presentados evitarán su anulación.
Las Normas Oficiales de Salud canceladas, incluidas en el Suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad publicado el 1 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, estaban en entredicho debido a su falta de justificación o motivación pública.
Estas normas están estrechamente relacionadas con enfermedades de alta prevalencia en México y son fundamentales para establecer estándares de atención y calidad, desde medidas preventivas hasta derechos y obligaciones de los establecimientos de salud tanto en el sector público como en el privado.
Entre las 34 normas canceladas, algunas de las más destacadas por su impacto en la salud de los mexicanos son la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; la NOM-030-SSA2-2009 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica; la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino; y la NOM-041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
Los empresarios socios de COPARMEX CDMX consideran que este no es el momento adecuado para retirar estas normas, ya que juegan un papel fundamental para garantizar y vigilar los estándares de calidad regulatoria que brindan seguridad jurídica a los pacientes y protegen a la población y a los usuarios de los servicios y productos de salud.
Además, la cancelación de estas normas privaría a la población de la posibilidad de ejercer su derecho constitucional de recibir atención médica de calidad para enfermedades incluidas en estas regulaciones.
Esto dejaría a los afectados en una posición vulnerable al momento de exigir a la autoridad sanitaria el cumplimiento de sus obligaciones, lo que podría representar un riesgo de desastre sanitario.
El diálogo con expertos es crucial para encontrar soluciones que fomenten la calidad de los servicios de salud y la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.
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