Como casos aislados calificó la jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras, a los funcionarios de su administración que fueron detenidos por la Procuraduría capitalina por ser sospechosos de extorsión.
El 21 de junio pasado, Armando García Benhumea, asesor del director general Jurídico y de Gobierno, y Jorge Martínez Valdéz, inspector, fueron detenidos por la PGJDF, junto con otro servidor público de la Secretaría de Finanzas.
Contreras justificó que no pertenecían al personal de estructura de la demarcación, pues uno trabajaba por honorarios y otro como eventual.
“Estas dos personas no son personas que tengan una responsabilidad, no son parte de la estructura de funcionarios. Son trabajadores de Tlalpan, uno está contratado por honorarios y el otro es eventual extraordinario.
“Lo que nosotros hemos hecho es colaborar en todo momento. He informado, tuve una reunión con el contralor. Es un caso que ya tiene la Procuraduría”, defendió.
La funcionaria rechazó admitir la culpabilidad de los funcionarios, con el argumento de que no se deben hacer juicios “a priori”, para que los casos sigan el debido proceso, pero prometió que pondrá atención para que no vuelva a suceder.
“Vamos a esperar a que se presente el avance de las investigaciones, porque es actuar ‘a priori’ y eso sería de una total injusticia”, aseguró Contreras al salir de su comparecencia en la Asamblea Legislativa, la cual estuvo marcada por los conatos de enfrentamiento entre sus simpatizantes y detractores afuera del recinto de Donceles.
Unas 200 personas bloquearon el cruce de Allende y Donceles por más de una hora. Entre ellas, destacaba una manta con la leyenda: “Maricela, abre los ojos. Tu director Gustavo Roque (Dirección de Jurídico y Gobierno) nos está dejando sin comer a más de 300 familias. Exigimos que nos dejen trabajar”.
‘Problema espinoso’
Contreras admitió que el tema de los antros, sobre todo en la zona de Coapa, es espinoso, pero culpó a los antreros de que la corrupción persista.
“Para que haya corrupción, siempre se necesitan más de dos”, dijo.
En unos 10 días, agregó, se lanzará un programa de concientización para evitar las prebendas. La delegada se quejó de que a pesar de que la delegación se unió al acuerdo de verificación de establecimientos mercantiles, ningún antro se ha acercado a solicitarla.
“Esto habla de la corresponsabilidad, y es en lo que estamos trabajando. Hay que revisar también el tema entre el Invea y las delegaciones”, aseguró.
Para ella, la solución es que en toda administración pública se tenga una cultura de no a la corrupción: “tiene que ser de ida y vuelta, tenemos que hacer una cultura ciudadana que nos permita que no seamos permisivos, ni del lado de los funcionarios ni de los empresarios o los propios ciudadanos”.
(Marcela Nochebuena)
