Desde el 18 de julio del presente año la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF) recibió la orden de arresto contra la delegada de Gustavo A. Madero, Nora Arias, la cual no ha sido cumplida por la dependencia.
La perredista enfrenta un par de órdenes judiciales de arresto por una deuda de 3 millones de pesos que le dejaron administraciones pasadas, según consta el expediente del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil del DF.
El documento señala que la deuda se contrajo por la compra excesiva de objetos de promoción, cuando en los meses de abril y septiembre del 2009 el encargado del despacho delegacional de ese entonces, Luis Meneses Murillo, firmó los contratos con la empresa que fabricó los productos.
A pesar de que esta falta de pago consta de hace cuatro años, la resolución del juez federal fue expedida el pasado mes de mayo de 2013, por lo que Arias Contreras es la encargada de liquidar el monto.
No hay respuesta
A pesar de que la orden de pago ya fue dada a conocer a la delegada, la funcionaria se ha negado a responder las llamadas de las autoridades judiciales así como a las órdenes de pago, aunque ya le fue notificada la noticia, no ha dado argumento alguno.
Ante esta falta de respuesta, el juez federal que lleva el caso como juicio ordinario mercantil número 582/2011 giró dos órdenes de aprehensión en contra de la titular de Gustavo A. Madero, la primera por 12 horas y la otra por 24.
Ya con las dos resoluciones acreditadas, la SSPDF recibió el mandato del magistrado para aprehender a Nora Arias, sin embargo, no se ha ejercido acción en su contra por parte de los oficiales.
Según fuentes de la dependencia, la orden llegó desde hace 15 días, pero la ejecución no se ha logrado debido a que personal de la zona de GAM no atenderá la acción, ya que no ha recibido el permiso del jefe de sector.
Pero sigue sin pagar
En tanto, la delegación Gustavo A. Madero se mantuvo en la postura de no pagar un solo centavo después de que se giraron las órdenes de aprehensión el 17 de julio de 2013 y el 27 de julio, de manera respectiva.
El monto a pagar es de 3 millones 17 mil 64 pesos, a lo que el juez federal solamente ha recibido silencio e indiferencia por parte de Arias.
La delegada, quien funge como la representante legal de la demarcación, no ha dado a conocer su postura sobre el caso y tampoco atiende llamadas para dar su opinión sobre lo sucedido, este diario se comunicó a sus oficinas y la solicitud no es atendida.
(David Rodríguez)
