Fotografía: cortesía. Texto por Katya López Cedillo
Desde 2004, el Cártel Inmobiliario ha pasado por encima de los Derechos Humanos, según los expedientes de denuncias contabilizados hasta marzo de 2023. Entre las violaciones está la falta de derecho a una vivienda digna y a la seguridad jurídica
Un estimado de 124 quejas de posibles violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito de vivienda han sido recibidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), denunciando al llamado “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez. En expedientes registrados por dicha Comisión, entre 2004 y marzo del 2023, las potenciales transgresiones son: agravios al derecho a la seguridad jurídica, con 52 casos; falta de derecho a una vivienda adecuada, con 22 denuncias; o el inadecuado ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuada, con 12 quejas.
La Constitución de la República Mexicana, en su Artículo 4 dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y, de acuerdo al informe recopilado por la CDHCDMX, hay quejas que señalan la posibilidad de que se haya obstaculizado el acceso a esta facultad. “El Derecho a la Vivienda es un Derecho Humano que implica y posibilita el ejercicio de otros derechos. Hoy por hoy domina la exclusión, no sólo en términos de habitar en una u otra vivienda, sino de procesos de segregación, donde a las personas se les define por dónde y en qué condiciones viven. Salvo algunos pocos procesos de integración, la mayoría son fallidos y con pocas estrategias que permitan la inclusión social”, expresó Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante su participación en la Jornada de Racismo y Territorio. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno, ambos de la CDMX, han calificado como “Cártel Inmobiliario” a este esquema de presunta corrupción en el entorno de construcción, compra o renta de inmuebles habitacionales en la alcaldía Benito Juárez.
AFECTACIONES INMOBILIARIAS
De acuerdo al informe documentado por la CDHCDMX, del cual Máspormás tiene una copia al solicitar la información en su Unidad de Transparencia con número de oficio CDHM/OE/DGJ/UT/621/2023, entre 2004 y hasta marzo de 2023 se han recibido 104 expedientes de queja por afectaciones inmobiliarias, ya sea en su propio hogar o en bienes raíces aledaños. En 2013 se recibieron 13 denuncias, mientras que en 2018, unos meses después del sismo del 19 de septiembre de 2017, se reportaron 11 acusaciones.
Según el organismo “Hábitat International Coalition América Latina (HIC-AL)”, que enfoca sus esfuerzos en el derecho al hábitat y la justicia social, en esta zona sucede un fenómeno en el que grandes empresas (con apoyo de autoridades de la alcaldía) hicieron de la vivienda un activo financiero en el que se construyen espacios inhabitables, con extensiones inferiores a los 40 metros cuadrados y que año con año incrementan sus costos de renta, situación que “infla” cada vez más la burbuja inmobiliaria y a su vez decanta en que la “población propietaria” disminuya mientras que la “población inquilina” no encuentre espacios para vivir.
“Cuando hablamos de racismo en México, no sólo nos referimos a actitudes individuales, sino también a políticas que devienen en una deficiencia estructural en el ejercicio de los Derechos Humanos”, agregó Nashieli Ramírez, quien además mencionó que la negación, obstaculización o el hecho de invisibilizar la brecha entre el goce de derechos de un grupo y otro tipo de población, coincide con la radicalización de esta condición.
RENTAS ELEVADAS
HIC-AL agrega que en la Ciudad de México, de 2005 a la fecha, las rentas se han elevado 235% de su valor original y hoy están 64% por encima de la inflación, mientras que los salarios han bajado casi a la mitad. Esto a su vez conlleva a diferentes consecuencias, como el hecho de que 20 mil personas migren de la capital del país cada año, ante la imposibilidad de costear un hogar, desplazando a población nativa a zonas quizá más económicas pero también más lejanas y con menos garantías para el desarrollo de una vida integral (desde carecer de servicios públicos, hasta empezar su vida un entorno con mayores índices de delincuencia y violencia).
Finalmente, HIC-AL convocó el pasado viernes a la campaña latinoamericana “Nuestros barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades”, un evento online en el que participaron personalidades de toda la región, entre ellas Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.
En este foro se habló de los desafíos para implementar nuevas políticas para la integración socio urbana de los barrios populares y del papel de las instituciones financieras o las alianzas necesarias para promover una mejor coexistencia en la que se ponderen los derechos humanos y el acceso a la vivienda digna.
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