Para no duplicar normas y por no profundizar en los conceptos que propone, la Ley de Estadios, presentada por el perredista Eduardo Santillán, no será aprobada por las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del DF.
La Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos ya contemplan regulaciones para los eventos en estadios, por lo que una nueva ley traería incertidumbre jurídica y existirían varios cuerpos legales sobre el mismo tema, lo cual abona a la confusión sobre conceptos, facultades de la autoridad, procedimientos y sanciones aplicables, de acuerdo con el diputado Alejandro Piña, presidente de la Comisión de Administración Pública.
A cambio, se propondrá reformar las dos legislaciones ya existentes: se contemplaría la programación de operativos de arribo, ingreso, permanencia y salida de los grupos de animación de los estadios, la instalación de arcos detectores de metales en los accesos de los recintos deportivos, y sistemas de cámaras de video-vigilancia, tanto en gradas como en cancha.
Otras modificaciones que se rescatarían de la propuesta de ley es negar el acceso a personas en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o estupefacientes, que tengan el rostro cubierto con máscaras, disfraces, maquillaje o cualquier elemento que impida su identificación, o bien, aquellas que lleven armas de fuego, punzocortantes, objetos para causar lesiones, envases de vidrio, hielo en trozos, petardos, bengalas, juegos pirotécnicos, sustancias inflamables o cualquier cantidad de pólvora y sus derivados.
“También se prevé la asignación de áreas específicas para los grupos de animación locales y visitantes, así como la notificación del número total de boletos expedidos por las federaciones, asociaciones deportivas y clubes”, informó Piña.
Las nuevas regulaciones establecerían que en eventos de alto riesgo, sólo se pondrán a la venta el 85 por ciento de los lugares.
Además, una Comisión Técnica tendría que decidir, en coordinación con las autoridades delegacionales, la suspensión o cancelación de los encuentros cuando no existan las condiciones de seguridad suficientes. Estos estarán integrados por cinco miembros propietarios, designados por el jefe de gobierno del Distrito Federal y entre los que estarán incluidos los jefes delegacionales que correspondan a la zona.
(Marcela Nochebuena)
