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Los partidos políticos nunca dejan de sorprendernos… aunque no estoy seguro que debamos agradecérselos.
Cuando de campañas se trata, lanzan acusaciones que en cualquier otro país ameritarían encarcelar o inhabilitar a alguien, pero que aquí se desvanecen apenas pasa la elección. Y luego se vuelven a sentar en la mesa de negociaciones y ni quien se acuerde… salvo nosotros.
Acusaciones, vale subrayar, que en raras ocasiones son acompañadas de pruebas.
Una de las perlas más destacadas del proceso electoral corrió a cargo de César Camacho, nada menos que presidente nacional del PRI, que acusó al gobernador de Baja California de desviar mil 350 millones de pesos para la campaña del PAN.
Mil 350 millones, sólo para dimensionar, es más de lo que dedica ese estado a la educación básica.
¿En qué va a parar? Supongo que si la denuncia vino del presidente del PRI, habrá pruebas suficientes para que en unos días, quizá semanas, el gobernador José Guadalupe Osuna termine en la cárcel. ¿O no?
¿Apostamos?
Pero no es la única denuncia. En Baja California nos hemos enterado del presunto enriquecimiento inexplicable de los dos principales candidatos a gobernador. Y uno de ellos hasta resultó con un hermano supuestamente involucrado con el narco.
En Aguascalientes, desde la procuraduría del estado saltó una denuncia en contra del PAN por presuntos vínculos con el narco de sus candidatos. El dirigente estatal del PRI se aventó a declarar que “una victoria del PAN sería entregarle el estado al poder del narco”. Ahí nomás.
Por si fuera poco, al menos dos candidatos denunciaron sus secuestros. Uno de ellos, en Torreón, fue liberado horas después, pero en sus primeras declaraciones dijo que el director de la policía local era el responsable de los hechos. El otro, cuyo caso fue denunciado por el presidente nacional del PAN, en realidad nunca fue secuestrado.
En Veracruz, lo mismo han sido golpeados candidatos que baleadas sus casas y nadie ha sido detenido.
Y ya ni hablemos del presunto uso de recursos públicos de gobiernos locales para apoyar a candidatos de sus partidos. De eso se ha hablado en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Durango… No hay gobernador libre de denuncia, pero tampoco hay gobernador investigado.
Si nos atenemos a sus dichos, nuestra clase política está vinculada al narco, contrata grupos de choque, usa recursos públicos, se ha enriquecido inexplicablemente, es víctima de secuestros y agresiones planeados por las propias autoridades, recibe plazas y prebendas… Y lo peor es que no lo dudo.
Pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos son pruebas.
Si las campañas fueran pretexto para denunciar anomalías y comprobarlas, serían bienvenidas. Pero sólo sirven para acusaciones que desacreditan a la política y de paso a la justicia, y siembran la sospecha.
Nos toca, al menos, exigir que Fiscalía de Delitos Electorales no se quede con expedientes sin investigar, informe de lo encontrado y obligue a los que denuncian a que sostengan su dicho. O que pague alguna consecuencia.
Mil 350 millones de pesos lo valen.
Pero también el mínimo respeto que, en el mundo ideal, debieran tener candidatos y partidos a los electores, a la política, a la democracia… Y ya mejor ni le sigo.
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*Periodista, ha trabajado en diversos medios como Reforma, Milenio y El Universal. Actualmente dirige AnimalPolitico.com y colabora en distintos espacios radiofónicos, como en Fórmula y Reactor 105.
(Daniel Moreno Chávez)
