Dos construcciones en la Delegación Magdalena Contreras tendrán que enfrentar juicios de lesividad por haber abusado de la Norma 26, que está destinada a la construcción de vivienda de interés social, pero es aplicada por los desarrolladores en inmuebles de lujo.
Coatzintla 9, en San Jerónimo Aculco, y La Presa 176, en San Jerónimo Lídice, son los predios a los que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda interpuso una demanda de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según informó la propia dependencia “por la incorrecta aplicación de la Norma 26, que establece incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular”.
En la página de Seduvi no puede consultarse ningún certificado de uso de suelo de esas colonias.
Para el predio Playa Langosta s/n, manzana 39, lote 7, en la Delegación Iztacalco, se prepara otra demanda, que dejaría sin efecto el certificado de uso de suelo o cualquier otro trámite emprendido para la construcción.
La Norma 26 puede aplicar en los casos en que la vivienda sea de 65 metros cuadros y su precio final de venta de hasta 30 veces el salario mínimo vigente, con lo que se autorizan dos niveles más de construcción.
Vieja trampa
En la capital, se desconoce el número exacto de obras que se han amparado en la Norma 26, pero incluso un ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal estuvo ligado a su incorrecta aplicación.
En octubre de 2012, la administración capitalina la suspendió temporalmente, sólo para reavivarla en enero de este año.
El espíritu inicial de esa normatividad surgió en la crisis de 1994, con el fin de impulsar la vivienda de interés social.
Y está prohibido aplicarla en zonas de alto riesgo o vulnerabilidad, que sean predios que no tengan acceso a la vía pública o este sea menor a 6 metros de ancho, suelo de conservación o de valor patrimonial.
Hace un mes el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa propuso hacer modificaciones a la Norma, para que esta no se pueda aplicar en zonas de bajos ingresos económicos.
Además, propusieron que los notarios tengan la obligación de verificar el precio final de venta, y no escriturar si no cumple los requisitos, así como que Seduvi publique todos los predios beneficiados.
(Marcela Nochebuena)
