Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reciben cada mes 74 mil 500 pesos como parte del “Programa de Apoyo a la Gestión”, sin embargo, no se sabe en qué lo gastan.

A través de los módulos que los ciudadanos pueden encontrar en su distrito, cada legislador tiene la facultad de gestionar diversos apoyos para sus electores, desde loncheras y mochilas hasta impermeabilizantes, tinacos o becas y otros apoyos a madres solteras y adultos mayores.

De diciembre de 2013 a la fecha, cada uno de los 66 legisladores ha recibido, al menos, 894 mil pesos.

Dicho apoyo está reconocido en el documento “Transparencia y Rendición de Cuentas. Recursos Mensuales Diputados”  disponible en el sitio web de la ALDF, pero el registro de la ejecución de este dinero no es público.

Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF), explicó que “todos los aspectos que impliquen la aplicación de recursos públicos debería ser considerada información pública de oficio, es decir, sin necesidad de una solicitud particular debería ser entregada y publicitada”.

Según las reglas de operación del programa, los coordinadores de cada grupo parlamentario deben comprobar semestralmente el uso de este recurso ante la Comisión de Gobierno del legislativo local.

Desde agosto, este diario presentó una solicitud de información ante la ALDF para saber cómo y en qué gastaron estos recursos los legisladores. Por respuesta, se recibieron cuatro hojas en las que se indicaba —sólo en algunos casos— qué diputado había presentado el informe de gastos en el formato y soporte solicitado por la misma Asamblea, pero no los montos erogados ni algún otro detalle sobre el uso del dinero.

“Nosotros tenemos que entregar un reporte de las actividades de gestión en módulo y de manera puntual lo presentamos (…); mi gente del módulo se hace cargo de entregarlo”, dijo el perredista Daniel Ordóñez, presidente de la Mesa Directiva de la ALDF.

Siendo aún oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del DF, Josué Ramos, informó que 100% de los diputados ha entregado de manera puntual sus informes, pero que están en proceso de unificación de formatos para poder hacerlos públicos. Este martes, Ramos presentó su renuncia luego de que en un video, difundido por Anonymous, se le acusara de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que “no hay mecanismos de fiscalización y comprobación de los recursos que ejercen los diputados de la Asamblea Legislativa”, y criticó que las “gestiones de política social” que llevan a cabo son contrarias a la actividad que deben realizar.

LA ASAMBLEA Y SU OFICIALÍA, OBJETO DE AUDITORÍAS

El perredista Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Legislativa lleva a cabo auditorías permanentes a las diferentes áreas, incluida la Oficialía Mayor de la ALDF, a la que renunció Aarón Josué Ramos Miranda, luego de que se difundiera una grabación en la que se le vincula con el crimen organizado.

SOPORTE ECONÓMICO A LOS CIUDADANOS

El ‘Programa de apoyo a la gestión’ empezó a funcionar en diciembre de 2013 y para ello los legisladores disponen de recursos.

*Procesos: Los legisladores deben entregar en tiempo y forma el reporte de los gastos que realizaron.

*Cuentas: Según el oficial Mayor saliente, todos cumplieron, pero los formatos no son uniformes.

*Tangible: Una cosa es llevar a los ciudadanos al recinto, y otra financiar mejoras en las colonias.

APOYO CIUDADANO OPACO

Los recursos empleados por los diputados tendrían que ser detallados por la Asamblea:

Jaime Ochoa Amorós

He entregado todos los reportes sobre los recursos que recibo, puntualmente entrego mis informes. No sé por qué la Asamblea no los entregó, es su obligación.

Luis Carlos Ugalde

@LCUgalde

Este recurso lo utilizan para hacer gestoría, dar apoyos, y la gestoría no es una actividad legislativa sino política, que incrementa el costo de los congresos locales.

Mucio Hernández

Argumentar que el ente obligado no puede procesar la información es un mecanismo para hacer más tortuosa la entrega de información y desincentivar la transparencia.

(Geovana Royacelli)