La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Centros de Reclusión, que fue dictaminada favorablemente la semana pasada por la Comisión de Administración de Justicia.
“Con dicha ley se tendrá por primera vez en la historia nacional un marco legal que regule la vida al interior de los reclusorios, que velará por la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción, acceso a la salud, y trabajo penitenciario, elementos esenciales para la recuperación social de los internos en los penales capitalino”, comentó la diputada panista Olivia Garza, quien promovió la ley en abril de este año, la cual fue respaldada desde un inicio por el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano.
La nueva ley de reclusorios, cuya capacidad en todos los casos está rebasada, pretende reducir el hacinamiento en los dormitorios de ingreso mediante una distribución más equitativa de los espacios, así como dar varias garantías a los internos: llamadas telefónicas, actividades físicas al aire libre y salir a áreas soleadas por lo menos dos horas al día.
Además, la ley impulsa medidas más eficientes en el caso de las visitas, para que estas se den en condiciones dignas y sin realizar pago alguno.
“Instruir al personal de seguridad y custodia para que realice el servicio público encomendado de manera eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos” es otro de los objetivos de la ley.
Mediante ella, también se pretende que no falte agua ni ropa a los reclusos, así como erradicar enfermedades como la escabiasis con medidas sanitarias de prevención y erradicación.
Según Garza, la normativa también permitirá investigar prácticas contra los derechos humanos, como el encierro por no pagar pase de lista, conocido como “la jaula”, y que el personal jurídico pueda brindar información precisa y pronta a los internos. Para ello, el personal deberá estar mejor capacitado mediante el Servicio Profesional de Carrera Penitenciario.
Garza la calificó como una ley de vanguardia para regular la vida interna de los penales, aunque admitió que “quizá la parte más complicada del proceso será lograr su materialización y aplicación”.
Ahora, la panista pretende que el gobierno de Estados Unidos certifique a los penales capitalinos, pues, según ella, esto beneficiaría al sistema penitenciario.
