En unos días se decidirá una demanada por daño moral contra Layda Negrete y Roberto Hernández, productores del documental “Presunto Culpable”, que suman 3 mil millones de pesos. Y cualquiera que sea el sentido de su sentencia, la juez Norma Muñoz Salgado, del Juzgado 18º de lo Civil del DF, sentará un precedente legal al resolver el caso.
A decir de Ana Aguilar, abogada especialista en presunción de inocencia y debido proceso, la demanda tendrá que aclarar la “tensión” entre dos derechos: el de libertad de expresión y el de protección a los datos personales e intimidad.
“Será un resultado inédito ya que claramente, en este caso, existe una tensión entre ambos derechos, y no existe en México un precedente legal que nos diga qué significa cada derecho y cuáles son sus alcances a la hora de contraponerse”, explica la investigadora del Instituto de Justicia Procesal Penal.
Aguilar García considera que el reto de la juez será elaborar una sentencia capaz de equilibrar los argumentos de las partes en pugna que, en su opinión, “tienen ambas un poco de razón”.
A DESLINDAR RESPONSABILIDADES
De igual forma, dice Aguilar, la sentencia deberá aclarar el alcance del permiso del Tribunal otorgado a los documentalistas para grabar el juicio de Antonio Zúñiga, así como determinar quién era el responsable de recabar la autorización de todas las personas que aparecen el filme, y si la publicidad de los juicios implica que los mismos pueden ser vídeo grabados.
Respecto al monto del reclamo por daño moral, la investigadora considera que la juez Muñoz tendrá que revisar bien los criterios antes de obligar a los cineastas a cubrir una suma tan alta.
“La juez tendrá que estudiar paso por paso todo el proceso del documental y lo que pasó después para definir el grado de afectación a las personas que acusan daño morales, pero me parece que el reclama económico es bastante desproporcionado”.
(MANUEL LARIOS)
