El delegado de Benito Juárez, Jorge Romero, se comprometió a entregar la próxima semana los resultados de una auditoría a obras irregulares ubicadas en su demarcación.
El funcionario admitió que la proliferación de éstas se ha convertido en un problema generalizado en la delegación.
“Esta administración, como nunca, le va a dar solución al problema de las construcciones irregulares, no solo en una o dos colonias, sino literalmente en toda la delegación”, comentó Romero.
PROGRAMA CADUCO
El panista coincidió con los diputados perredistas locales Dinorah Pizano y Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, en la necesidad de renovar el Programa de Desarrollo Delegacional, el cual está vencido desde 2010.
Se trata de lo siguiente: el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez se tenía que haber modificado desde 2010.
“Yo tengo tres meses de haber entrado y no lo pude haber hecho, pero lo voy a empezar a hacer. Esa es la idea que traigo”, aseguró Romero.
Por su parte, Hernández Mirón señaló que si hubiera la posibilidad de revisar el programa, y así lo definiera la delegación y el gobierno de la ciudad, esa iniciativa se respaldaría en la Asamblea Legislativa del DF.
“En el caso de Benito Juárez, tenemos que estar revisando de manera mesurada y responsable el uso de suelo que actualmente tienen las obras irregulares. Sin duda hay una violación a la norma en algunos espacios”, dijo el perredista.
LA MESA
El 11 de marzo está convocada una mesa a la que acudirá el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Hernández Mirón para revisar la situación de obras irregulares y del PDU de la Delegación.
Construcciones en expansión
Según la legisladora Pizano, en Benito Juárez se han detectado entre 300 y 500 obras irregulares que afectan de manera negativa el entorno, entre usos de suelo apócrifos y daños estructurales a casas.
En más de 8 años, añadió, no se ha revocado una sola manifestación de construcción.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, es atribución de los jefes delegacionales “recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación… verificando previamente a su registro, que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto de suelo urbano”.
La misma ley faculta a la demarcación a iniciar la revocación de manifestaciones.
EN BUSCA DE RESPONSABLES
El jefe delegacional adelantó que la problemática de las obras irregulares radica en el Gobierno central.
“Encontramos cuál es el verdadero nivel de responsabilidad del Gobierno central, el cual, por cierto, es del mismo partido al que pertenece la diputada Dinorah Pizano… Voy a gritar cuáles son las irregularidades, y de quiénes han sido las responsabilidades”, advirtió.
Romero aseguró que dará a conocer nombres y cifras la próxima semana.
En tanto, Pizano insistió en que aun con un uso de suelo aprobado, si la Delegación detecta alguna irregularidad, tiene la facultad de ordenar a los 9 verificadores a su cargo, además de negar la manifestación de construcción y el permiso de ocupación.
“Esto es un doble discurso. No estamos hablando de colores ni de política, estamos hablando de molestia, que se genera en cada una de las 57 colonias que conforman Benito Juárez. Esto atenta contra las zonas de mayor índice de desarrollo económico y en las de menor”, señaló.
LA QUEJA
El jefe delegacional se quejó de no contar con la facultad de verificar por uso de suelo, y se negó a dar el número de clausuras y suspensiones que la demarcación ha hecho en materia de construcción y de protección civil, atribuciones que sí posee.
“No, no es así… la ley lo que dice es que yo puedo ordenarle a los verificadores que verifiquen establecimientos mercantiles y manifestaciones de impacto. Lo que yo no puedo ordenar son verificaciones de uso de suelo, esta es nuestra gran queja como jefes delegacionales”, dijo Romero.
“Ése es nuestro principal trauma, no solamente es el número de verificadores, sino el proceso en sí de verificación, porque estamos completamente sometidos a lo que decida el Invea”, insistió el panista.
LAS VERIFICACIONES
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Benito Juárez cuenta con 9 verificadores para realizar diligencias en obras irregulares.
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El artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal establece que sólo el Invea puede verificar uso de suelo.
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las delegaciones tienen la atribución de revisar y sancionar construcciones y edificaciones –si cumplen o no con el Reglamento de Construcciones—, y protección civil.
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El artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano señala que se puede dar una modificación de uso de suelo, con una revisión de por medio.
(MARCELA NOCHEBUENA Y DAVID RODRÍGUEZ I MÁS POR MÁS)
