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El principal reto que las delegaciones enfrentan es el marco de actuación normativo tan limitado que tenemos. Ello nos impide, en la mayoría de las ocasiones, proporcionar en las mejores condiciones los servicios que los ciudadanos nos demandan; en este sentido, uno de los problemas de mayor complejidad es el comercio en la vía pública.
Esto deriva de que, por una parte, los ciudadanos desean que en sus calles, explanadas y avenidas haya libre tránsito, y exigen que liberemos dichos espacios públicos. Por otra parte, la misma ciudadanía -ante una situación económica comprimida- es la principal consumidora de los productos que se ofertan en la vía pública.
Otro aspecto de este complejo panorama son los vendedores: muchas de las personas que se dedican al comercio en vía pública no tienen otra alternativa de empleo. Esta situación se complica en un entorno económico de bajo crecimiento y deriva en la disminución de fuentes de trabajo con remuneraciones dignas.
El reto que las delegaciones enfrentan es conciliar los intereses de dos grupos de población que exigen sus derechos: a) los ciudadanos que exigen libre tránsito y b) los comerciantes que exigen su derecho al trabajo.
Otro problema muy grave que las delegaciones enfrentan es la falta de recursos materiales y financieros para otorgar de manera eficiente los servicios públicos que la ciudadanía requiere: por ejemplo reposición del alumbrado público; adecuada recolección de residuos sólidos; mantenimiento a plazas y jardines; bacheo en vialidades secundarias y asegurar espacios públicos agradables para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas.
Esto nos lleva a una problemática muy importante: ¿cómo determinar prioridades de atención (debido a lo limitado de los recursos) sin que haya grupos y ciudadanos que consideran que sus derechos son afectados por no brindarles los servicios que solicitan?
Todo lo anterior explica el principal reto de las delegaciones: conciliar los derechos de los diversos grupos, buscando establecer mecanismos y estrategias que les permitan a todos los grupos y diversidades el disfrute de sus derechos; bajo un enfoque de administración de los bienes comunes y corresponsabilidad social.
Bajo esta perspectiva, las delegaciones deben desarrollar programas que faciliten a los ciudadanos el acceso a sus derechos respetando las diversidades entre grupos y los intereses. La principal limitación es que no se tiene la autonomía de gobierno para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y que permitan a los ciudadanos elevar su nivel de vida.
Lo cual lleva a la reflexión: ¿qué se debe cambiar para que las delegaciones podamos enfrentar los retos de una sociedad más informada, demandante y consciente de sus derechos?
¡Anímate y opina!
*Jefe Delegacional en Cuauhtémoc
