El Gobierno del Distrito Federal presentó a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) dos iniciativas de ley sobre el salario mínimo para que sean analizadas, discutidas y aprobadas, informó el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, durante la presentación del programa para el Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos.
La primera iniciativa es para instaurar la figura de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCDMX) y la segunda para que esta unidad tome el papel del salario mínimo como unidad de medida para el pago de sanciones, conceptos y montos de referencia.
“Hay que regresar al salario mínimo, desvincularlo de todas las implicaciones políticas y económicas que se le han atribuido… en su momento cumplió con su labor: ser un mecanismo estabilizador de la economía”, dijo.
No obstante que la UCDMX representaría un nuevo instrumento de medida que sustituiría al salario mínimo como referencia para pagos, la nueva unidad que propuso el jefe de Gobierno estaría tasada inicialmente en 67.29 pesos, es decir, el valor actual del salario mínimo. Cada año el monto de la UCDMX aumentaría con base en la inflación proyectada por el Banco de México para el año siguiente. La nueva unidad sería incluida en la Ley de Ingreso del DF o bien en el artículo 18 del Código Fiscal local.
Una vez aprobada la creación de la UCDMX, la segunda propuesta del jefe de Gobierno busca introducir esta unidad en todos los códigos y leyes locales como referencia. De acuerdo con el análisis de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF, se estima que serían 180 artículos en total los que habría que reformar, correspondientes a cuatro códigos y 50 leyes distintas. Después se tendrían que modificar 101 artículos correspondientes a 33 reglamentos.
La UCDMX también se utilizaría para calcular los impuestos locales y para estimar los recursos presupuestales dirigidos a los programas sociales que maneja la ciudad.
Las dependencias, entes, órganos desconcentrados y demás tendrían que tomar medidas para realizar la sustitución en el ámbito administrativo. La entrada en vigor de la primera iniciativa está propuesta en 60 días a partir de su publicación.
(Omar Díaz)
