Fotografía Cortesía
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México y el Ministerio de Justicia de Canadá han acordado intercambiar experiencias y mejores prácticas en relación con el proceso judicial de mujeres adolescentes y adolescentes indígenas. El objetivo es asegurar que sean juzgadas considerando sus características, condiciones y necesidades especiales.
El consejero Bernardo Bátiz Vázquez, en el marco del Proyecto de Cooperación Canadá-México sobre Justicia, destacó la preocupación del país por los delitos cometidos por adultos, pero resaltó la alarma generada por los agravios sufridos por niñas, niños y adolescentes.
Durante la Conferencia sobre Justicia Penal para Adolescentes, la consejera magistrada Lilia Mónica López Benítez enfatizó la discriminación estructural y las desigualdades arraigadas que enfrentan las mujeres en el sistema de justicia penal. En particular, se hizo hincapié en el respeto y la dignidad que deben recibir las adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal.
El embajador de Canadá, Graeme C. Clark, subrayó la importancia de un sistema de justicia equitativo y justo para las mujeres adolescentes y los adolescentes indígenas, tanto para ellos como para sus comunidades, destacando la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y lograr una plena reconciliación con los pueblos indígenas.
El comisionado de Prevención y Readaptación Social de México, Antonio Hazael Ruíz Ortega, proporcionó datos sobre el número de personas adolescentes y adultas jóvenes sujetas al sistema de justicia penal, enfatizando la necesidad de abordar las áreas de oportunidad para obtener resultados más diversos y efectivos.
Rosa Aimeé Leal Olguín, directora general para la Reconciliación y Justicia de la Secretaría de Gobernación, destacó la importancia de trabajar en la justicia restaurativa, que brinda apoyo a las víctimas.
El evento contó con la presencia del juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Este intercambio de buenas prácticas busca mejorar el sistema de justicia y abordar las necesidades específicas de las mujeres adolescentes y adolescentes indígenas, con el objetivo de lograr una mayor equidad y justicia en el proceso judicial.
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