Luego de 8 meses, las denuncias presentadas por diputados del PAN contra el jefe Delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo, siguen sin respuesta.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del DF ya abrió un expediente al respecto, pero no se le ha permitido el acceso a las averiguaciones previas, denunciaron los legisladores locales panistas Priscila Vera y Edgar Borja, quienes acudieron ayer a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF para reclamar la falta de avance en las tres demandas que han promovido por tres delitos diferentes: extorsión, cohecho y delitos ambientales.
En el caso de la denuncia por cohecho, en la que al jefe delegacional de Coyoacán se le acusó de haber pedido dinero a través de su secretario particular, no se le ha vinculado a pesar de que ya hubo un consignado.
“Lo que vemos en esa averiguación previa es que existen todos los elementos para consignar a Mauricio Toledo. No solamente porque hay una declaración de él, sino porque con los elementos que están ahí, ya se consignó al secretario y resulta inadmisible que no se haya consignado a Toledo”, acusó Vera.
Además, aseguró que hay un interés claro por proteger al delegado, y por eso se pidió la intervención de la CDHDF.
“Específicamente de la primera visitaduría, que ya ha solicitado un informe puntual a la Procuraduría de ambas averiguaciones, porque vemos que no hay ningún interés de aplicar la justicia, que se está aplicando la ley simplemente con chivos expiatorios”, detalló.
Con respecto al delito de extorsión por el caso de Céfiro 120, Borja señaló una tardanza injustificada de la PGJDF, por la que, según él, están protegiendo al jefe delegacional.
“No olvidemos que existe una fe notarial de que se realizaron esas comunicaciones por medio de la Black Berry. Después de 8 meses de mandarse de manera errónea, lo único que tenían que hacer las compañías celulares era decir quién era el dueño de ese PIN y con eso era suficiente para vincular a Mauricio Toledo”, aseguró Borja.
Ayer, acudieron a las oficinas de la Fiscalía a pedir que esas solicitudes a las compañías celulares se hagan, para comprobar el vínculo entre el constructor y el delegado.
Vera recordó que la CDHDF no ha podido tener acceso a los expedientes, y Borja, que ellos no han tenido derecho a ver los expedientes de las otras quejas presentadas en Contraloría, con el pretexto de que “sigue la diligencia”, a pesar de ser los promotores.
(MARCELA NOCHEBUENA)
