Fotografía: Cortesía
Un total de 60 inmuebles, que están relacionados en el esquema del Cártel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, han sido asegurados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dio un mensaje a los medios de comunicación, donde detalló que se trata de predios, casas y departamentos.
“El día de hoy suman 60 inmuebles asegurados por este organismo autónomo, de estos inmuebles, entre ellos predios, casas y departamentos han sido nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad”, explicó.
Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos, dijo el Vocero.
“La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos”, informó Lara.
El también Coordinador de Asesores de la Fiscalía reveló que a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita.
“Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal”, agregó.
En este caso, los nueve señalados por el empresario, quien se sujetó al criterio de oportunidad, se ubican en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado.
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