CRUCIFICADOS.
Lo malo es que el gobierno del Distrito Federal autorizó un incremento a las tarifas del transporte quedando en entredicho con los usuarios… lo peor es que los transportistas se quejaron de
que el aumento fue de sólo un peso.
Contamos con fuertes indicios de que la administración local no ha quedado bien con nadie en su decisión de Semana Santa.
Pero quien de plano se subió a la cruz del Gólgota con sus declaraciones fue la diputada perredista Guadalupe Cortés Quiroz, ya que en su afán de justificar el alza garantizó que los
microbuseros ahora sí van a dar un buen servicio.
La Presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa cree firmemente en que los conductores ya serán educados, que no jugarán arrancones y que no
pondrán en peligro la vida de los usuarios.
Y todo por un peso.
ENCHAPOPOTADOS.
Surgen fuertes indicios de que la Planta de Asfalto del Distrito Federal es ahora una manzana de discordia.
Apenas el año pasado el entonces Secretario de Obras, Fernando Aboitiz, hablaba maravillas de la productora de mezclas con las que se pavimentan la mayoría de las calles en la capital
mexicana.
Ahora su relevo en el cargo, Luis Alberto Rábago, nos dice que lo que lo que que se genera ahí “no sirve bien y hay que hacer nuevos diseños para servir a toda la Ciudad”.
No estaría nada mal que ambos funcionarios se pusieran de acuerdo y tuvieran una sola versión… para pavimentar su credibilidad.
DE TRÁMITE.
Hay fuertes indicios de que los capitalinos siguen confiando en que los diputados locales les ayudarán a resolver sus problemas.
Los ciudadanos están acudiendo a los 66 Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los legisladores capitalinos.
Están demandando poda de árboles, iluminación, cambio de luminarias, servicios de pipas de agua, limpieza de calles, reparación de baches, y cambio de pavimentación en la vía pública.
Llevan también solicitudes de donativos consistentes en sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, bastones, pintura, servicios de seguridad pública, cámaras de video y rondines policíacos.
Todas las peticiones se turnan al gobierno de Miguel Ángel Mancera y a las 16 jefaturas delegacionales.
