Los funcionarios públicos que cometan un delito electoral –como entregar despensas a cambio del voto o que impidan a un candidato llevar a cabo su campaña– serán investigados por la Unidad Especializada de Vigilancia Electoral, a cargo de la Contraloría General, la cual iniciará operaciones a partir del 10 de abril.
En dicho comunicado, el jefe de Gobierno hizo un exhorto para que quienes sean condicionados a votar por un candidato, a cambio de obtener los beneficios de un programa social, denuncien esta acción ilícita ante la Contraloría General del DF, es decir, a la recién creada Unidad Especializada de Vigilancia Electoral.
La Unidad Especializada se creó mediante un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del DF, en el que se establecen las reglas sobre cómo operará la unidad durante el proceso electoral local, que termina el 7 de junio con la votación de jefes delegacionales y diputados locales.
Primero se instalará un módulo en la Contraloría para recibir quejas y denuncias contra servidores públicos, relacionadas con el proceso electoral. Después se creará un campo para identificar este tipo de denuncias en el Sistema Integral de Captura de Quejas, Denuncias y Medios de Impugnación.
Si procede la queja o denuncia, la Contraloría iniciará una investigación, emitirá una resolución y avisará al Ministerio Público o a las autoridades electorales correspondientes.
Según el acuerdo publicado en la Gaceta, las denuncias o quejas las podrán realizar partidos políticos, ciudadanos, contralores ciudadanos, contralores internos en delegaciones, dependencias y entidades en la página de internet de la Contraloría General del DF.
La Unidad Especializada estará integrada por una subdirectora de Quejas y Denuncias, un jefe de Unidad Departamental para trámite y resolución de quejas, y tres abogados de recepción, análisis, trámite y resolución de quejas.
Esta unidad es diferente a la Base Elecciones 2015 que atiende las quejas en materia electoral, dijo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino.
Cumple su acuerdo
Mancera Espinosa informó que ya cumplió con el acuerdo que mantuvo con el líder de Morena, Martí Batres: enviar un comunicado para explicar a los ciudadanos que los programas sociales no pueden ser condicionados a votar por un candidato.
“Dejamos claro que los programas sociales en esta ciudad, por su propia naturaleza y mandato legal, son de carácter público y no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno”, explicó el mandatario capitalino.
(IGNACIO GÓMEZ)
