Las carpas que albergaron la escuela de educación vial “Guardián Urbano” y al “Cine Volador 3D” en las vacaciones de verano, ahora cubren de las lluvias y el sol a los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, la renta diaria es de 480 mil pesos y su costo, asegura el Gobierno del Distrito Federal, no será cubierto por ellos.
El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, dijo que estas carpas fueron tomadas por la fuerza y ellos, para evitar una confrontación, los dejaron pasar.
Sin embargo, ahora la empresa Espacios y Conceptos (Diseño e Implementación de Artículos para Eventos-Nacionales e Importados) ya envió una denuncia a la autoridad capitalina, la cual fue ampliada hace dos días y presentaron en ella la cuantificación del daño que se les causa, pero no especifican el monto.
Estas carpas no fueron retiradas del Zócalo porque una vez que terminaran las actividades de verano, se instalaría ahí la Semana de las Juventudes, con conciertos de rock y actividades organizadas por el InjuveDF del 22 al 25 de agosto.
Además, apunto el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para su retiro, se requería maquinaria especial y un trabajo especializado que no podía realizarse por la cantidad de manifestantes que llegaron el 19 de agosto.
Tal tomar en cuenta el tiempo que las carpas serían ocupadas por la Semana de las Juventudes, restarían 11 días que ya no debería pagar el GDF, es decir 5 millones 280 mil pesos tan solo por la renta.
Habrá sanciones
El costo total para indemnizar a la empresa que rentó los “techos de lujo” se sabrá una vez que termine el plantón en el Zócalo, al igual que los responsables del pago de esta deuda, que ya tienen encima una investigación por parte de la Procuraduría de Justicia del DF.
“El gobierno trató de impedir el acceso de los manifestantes, pero llegó un número importante de ellos, se tiene registro fotográfico y fílmico de los primeros que ingresaron”, aseguró Serrano.
Para remediar los perjuicios causados a la empresa, primero se determinará la cuantía y, con base en ello, el Ministerio Público habrá de determinar la sanción a los culpables.
El daño económico será subsanado una vez que este proceso termine.
(Cristina Salmerón)
