La falta de una gestión adecuada de este proceso propio de los cuerpos con útero se agudiza aún más cuando hablamos de personas en situación de calle, de acuerdo con especialistas y organizaciones internacionales
Brenda Raya es cronista, geógrafa e integrante del Colectivo Callejero
Hablar del derecho a la salud implica hablar de las desigualdades que este conlleva. Una de estas es la que viven las mujeres y personas menstruantes, para quienes la brecha de acceso a la salud se hace aún más grande, cuando pertenecen a un grupo social de alta marginalidad. Mujeres presas, migrantes, con discapacidad y que habitan la calle son algunos de los grupos sociales que más mermado tienen este derecho.
De acuerdo con un artículo publicado por la doctora Mónica Ancira, del Observatorio Materno Infantil de la Universidad Iberoamericana, “las mujeres experimentan una amplia diversidad de desigualdades, que pueden verse influenciadas por su género, y por la intersección de este con otras inequidades como la discriminación, la marginación y la exclusión social, cuyos efectos en la salud y el bienestar son complejos y profundos”.
Las demandas de las mujeres organizadas en el mundo han cambiado a lo largo de los años, si en la década de los ochenta las mujeres luchaban por el acceso a métodos anticonceptivos seguros o por su inclusión en el diseño de políticas del control de la natalidad, hoy en día sus demandas se extienden a ámbitos tan diversos como la salud mental y la colectivización de los cuidados.
También a temas cotidianos pero silenciados, como la menstruación y la gestión que esta conlleva. El tema se ha popularizado tanto que lo mismo es tratado en espacios académicos, grupos de la sociedad civil y espacios virtuales, hasta en espacios de educación no formal.
Nuevos conceptos
A su vez se han incorporado conceptos que ayudan a entender la complejidad del tema. Uno de ellos es el término “pobreza menstrual”, que se refiere a las consecuencias que implica la falta de una gestión adecuada de la misma. Se relaciona con la ausencia de insumos adecuados, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales; con la falta de información y sobre todo la falta de infraestructura: baños adecuados, agua potable, espacios seguros y de descanso.
Lorena Paredes, doctora en Antropología física y educadora de calle, explica a + Chilango esta condición: “Esta pobreza se suma a la violencia de género que se vive en las calles, pues al estar menstruando, las mujeres son excluidas de los espacios de pernocta, enfrentan violencia física y verbal por mancharse la ropa y carecen de un espacio digno donde lavarse y descansar.
Enfrentan una mayor exposición a la violencia estructural, la criminalización de la pobreza y la persecución policial. La violencia de género se manifiesta de manera especialmente cruda en este contexto, con situaciones de abuso y violencia intrafamiliar”.
Educación menstrual en todos los espacios
Según el informe de 2021 La vida en rojo, elaborado por El Caracol en contrato con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que incluye entrevistas a mujeres que habitan la calle, 38% de las personas entrevistadas refirió que no contó con información previa a la primera menstruación.
En términos de cómo llevan la gestión de sus cuidados, se suman los gastos de la vida cotidiana, lo que implica que algunas mujeres tienen que usar soluciones inadecuadas, por ejemplo, el 13% de las entrevistadas utiliza ropas como si fueran compresas y el 12% utiliza papel higiénico para contener la sangre. Muy pocas tienen acceso a servicios de higiene. Para estas personas, la eliminación del IVA a los productos para la higiene menstrual es un incentivo, pero de ninguna manera constituye una solución.
Una población que ya es discriminada por su condición de pobreza y por los estigmas y prejuicios acerca de su condición de vida en la calle, señala el colectivo en el informe, vive esta situación como un problema permanente, principalmente debido a las siguientes razones:
a) Tener disponible un entorno seguro y privado para el cambio de ropa, es una condición difícil de obtener cuando se vive en la calle.
b) El costo de dispositivos higiénicos (toallas, tampones, copas menstruales) supone un costo alto para quienes no tienen ingresos fijos.
c) El acceso a atención médica e información adecuada depende del acceso a seguridad social, que no tienen, al carecer de un empleo estable.
d) Las acciones de educación sexual se dirigen principalmente a la población escolarizada, que también impone numerosas barreras de acceso a niñas, mujeres y jóvenes que pertenecen a la población callejera.
La higiene menstrual y su adecuada gestión, se concluye en el informe, se convierte en un tema de acceso derechos, cuyo análisis no debe dejar de lado el enfoque interseccional, que suponen todas estas carencias en una población que ya atraviesa múltiples formas de discriminación, exclusión y maltrato.