La omisión en el envío de un oficio provocó que la Octava Agencia del Ministerio Público fuera demolida, pese a estar incluida en la relación de Inmuebles con valor artístico, desde el año 2004, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Según el expediente del caso, cuya copia tiene MÁSPORMÁS, en octubre de 2013, Pablo Israel Escalona, director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, envió siete oficios a dependencias de gobierno para solicitar el visto bueno a la demolición de “La Octava”, con la finalidad de dar paso a la edificación de un estacionamiento, una nueva agencia del Ministerio Público y la sede del Agrupamiento de Granaderos de la Policía local.
Ese mismo mes, las secretarías de Gobierno, Transportes y Vialidad, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la procuraduría capitalina, la Consejería Jurídica local y la delegación Benito Juárez dieron su aval a la demolición.
Sin embargo, la Oficialía Mayor no consultó a la dependencia que tenía catalogado el edificio por su valor artístico, es decir, no pidió al INBA el visto bueno para demolerlo.
Los artículos 42, 43 y 45 de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos precisan que el INBA tendrá facultades para autorizar obras en zonas de monumentos artísticos.
Aunque no fue notificado, el INBA giró un oficio a la delegación Benito Juárez (donde se ubicaba el inmueble) y le pidió no realizar la demolición.
Ésta respondió que la dependencia no le daba elementos suficientes para identificar el predio al que se refería.
Fue así que la demolición de la Octava Delegación comenzó el 13 de diciembre de 2013 y concluyó el 21 de febrero de 2014.
El edificio fue construido en 1945. Era de estilo funcionalista, una corriente arquitectónica que supeditaba lo estético a lo funcional.
Tiene valor artístico más no es un monumento histórico, según el INAH.
La demolición provocó protestas como la del pasado 27 de febrero, cuando vecinos cerraron la avenida Obrero Mundial, pero fueron replegados por los granaderos.
“El derribo fue (producto de) una omisión, el edificio estaba catalogado y no tomaron en cuenta al INBA”, aseguró Christian Gallegos, vocero de la asociación La Voz de Narvarte.
LA DELEGACIÓN DIJO QUE SÍ
La delegación Benito Juárez recibió uno de los oficios en los que la Oficialía Mayor pedía el visto bueno para la demolición. El documento fue dirigido al titular de la delegación, Jorge Romero Herrera, a quien por error se le denominó Jorge Herrera Romero.
En respuesta, el 21 de octubre, la Dirección General de Obras de la demarcación externó su “opinión positiva”.
Aunque la demolición no fue notificada formalmente al INBA, Dolores Martínez, su directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico, giró un oficio “urgente” (el 9 de diciembre de 2013) a Luis Vizcaíno, director Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, mediante el cual negaba su anuencia al inicio de la obra.
Un mes después (el 7 de enero de 2014), la delegación respondió que no podía atender la solicitud, pues el INBA no aportaba datos suficientes para ubicar el predio.
En entrevista, Romero reiteró que la Octava Delegación no era un inmueble con valor artístico: “(Siempre) estuve consciente… de que el edificio no estaba catalogado. Las mismas dependencias que dicen que no lo está son las mismas que nos piden que se suspenda la obra”.
Este diario pidió la postura del INBA y la Oficialía Mayor, pero no hubo respuesta (Con información de A. Palma).
(Alejandra Crail y Óscar Santillan)
