Fotografía cortesía
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la imposición de sanciones a partidos políticos nacionales y locales por irregularidades encontradas en la revisión de ingresos y gastos de campaña de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023 en Coahuila y Estado de México. Las sanciones ascienden a un total de 16 millones 471 mil 626.82 pesos.
En el caso de Coahuila, donde se eligió gubernatura y diputaciones locales, se establecieron sanciones por nueve millones 240 mil 171.63 pesos contra los siete partidos nacionales, uno local y las dos coaliciones participantes. Por otro lado, en el Estado de México, para la gubernatura, se impusieron sanciones por siete millones 231 mil 455.19 pesos a tres partidos nacionales y a los integrantes de la coalición “Va por el Estado de México”.
Las irregularidades más frecuentes y sancionadas por parte de los partidos políticos fueron los egresos no reportados, representando el 76.45% de las sanciones. Las sanciones aplicadas variaron según el tipo de conducta, con egresos no reportados siendo la infracción más significativa.
El INE también respondió a una consulta sobre la venta de artículos utilitarios con rasgos identificables de partidos políticos por terceros. Se estableció que dichos artículos deben ser contabilizados como propaganda utilitaria visible entre los asistentes a eventos y, si exceden lo registrado por el partido, se acumularán como propaganda electoral excedente.
Además, se aprobó por unanimidad el Informe relativo a los procedimientos de liquidación de los extintos partidos políticos Humanista, Encuentro Social, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.
Por último, el Consejo aprobó mecanismos de coordinación y comunicación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) con las diversas áreas del INE para el cumplimiento de sus respectivas atribuciones durante los procesos electorales federales y locales concurrentes 2023-2024.
Es importante mencionar que los montos de las sanciones podrían sufrir modificaciones antes de la resolución definitiva que será pública. El INE busca asegurar el cumplimiento de las normativas y garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales.
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