El contralor general del DF, Hiram Almeida, informó que la administración local ya interpuso un recurso de nulidad para no regresar los 489 millones de pesos que le requirió la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por gastos no comprobados en la Línea 12 del Metro.

Tras comparecer ante la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), el funcionario detalló que este recurso fue presentado esta semana ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y que la ASF tiene la libertad de emitir los recursos que consideren pertinentes ante esta determinación.

DEFENSA

El argumento de la administración local para no devolver los casi 500 millones de pesos, es que el monto referido debe aplicarse a favor de la ciudad  y no ser parte de un reintegro que correspondería en todo caso a otro ejercicio presupuestal.

“Bajo este argumento técnico, la Función Pública tiene los criterios y la libertad de emitir lo que ellos consideren, pero creo que el Gobierno de la ciudad es responsable de sus actos y está realizando las acciones jurídicas para preservar que estos recursos permanezcan en la ciudad y los actos que invocan o en los que se basa esta solicitud, puedan ser determinados como nulos”, subrayó.

SILENCIO 

Durante su comparecencia y argumentando la confidencialidad de una investigación en proceso, el Contralor capitalino no quiso dar más datos acerca del proceso que se sigue en la Línea 12.

Solo recordó que la investigación continúa, y que por lo pronto se han asegurado los archivos de Proyecto Metro, se han realizado tres recorridos en la línea, y han declarado 38 personas.

“No es factible abundar en el tema por algunas restricciones de confidencialidad que existen al respecto para hacer precisiones en datos, tenemos que privilegiar y acatar términos de ley, obviamente la Ley de Transparencia, la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales y también tenemos que atender las normas generales de auditoría de la Contraloría General del DF”, justificó Hiram Almeida.

Aseguró que en todas las investigaciones realizadas en torno a la llamada “línea dorada”, se está preservando la legalidad e imparcialidad de las mismas, con la finalidad de allegarse de elementos de veracidad que permitirán establecer en su oportunidad responsabilidades y acciones jurídicas correspondientes.

SACIONADOS

El Contralor General informó que de abril de 2013 a marzo de 2014 se han sancionado a mil 771 servidores públicos, derivado de mil 662 procedimientos administrativos de responsabilidad.

De las sanciones interpuestas, 252  fueron inhabilitaciones, 86 destituciones e inhabilitaciones, 31 destituciones simples y 734 suspensiones, “lo cual refleja que el 61 por ciento de las sanciones impuestas impactan con efectos de responsabilidad directa en la esfera jurídica del servidor público considerado como infractor de la norma”.

(OMAR DÍAZ)