El diputado local Vidal Llerenas señaló que es inviable la implementación de las llamadas cortes de drogas en la ciudad.
Detalló que estos tribunales de tratamiento de adicciones para los primodelincuentes que busca implementar el Gobierno Federal en todo el país, solo reforzaría la criminalización de los usuarios de drogas.
“Es importante mantener la atención en este hecho, pues la experiencia internacional muestra que las cortes de drogas solo criminalizan a los consumidores, pues se establece que su consumo per se es malo y fue la causa de su posible conducta delictiva, este tipo de mecanismos dan un enfoque basado en la abstinencia o la cárcel, y si los adictos llegan a fallar en el tratamiento, de todos formas irán a la cárcel”, expuso.
El legislador perredista comentó que a nivel mundial, una de las consecuencias más fatales del prohibicionismo ha sido el encarcelamiento masivo de personas que presuntamente comenten delitos relacionados con drogas, en su mayoría, simples usuarios de las mismas.
“Ante el hacinamiento de los sistemas penitenciarios, una de las respuestas que surgió fue la creación de las llamadas cortes de drogas, que fueron presentadas como alternativas para disminuir la población carcelaria, así como la reincidencia y la criminalidad”. Indicó.
CÓMO FUNCIONAN LAS CORTES DE DROGA
Vidal Llerenas recordó que por medio de las cortes de droga, un juez otorga a las personas que usan drogas o que cometieron un delito menor bajo el influjo de éstas, la posibilidad de cambiar la cárcel por un tratamiento para alejarse de las adicciones.
En México, el primero de estos tribunales se instaló en 2009 en Nuevo León y desde el año pasado el Gobierno Federal busca implementarlos en todo el país para combatir la sobrepoblación en las cárceles mexicanas.
Las cortes o tribunales de drogas surgieron en los años 80 en Estados Unidos y en los últimos años la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han impulsado su expansión en Latinoamérica.
En México se estima que hay casi 5 mil personas encarceladas por consumo, aunque no sea un delito, y casi 22 mil detenidos por delitos contra la salud en el fuero federal (narcotráfico).
“Sin duda es importante, crear mecanismos para reducir el hacinamiento y despresurizar el sistema de impartición de justicia, pero no uno que criminalice más a los consumidores, sino uno con alternativas que protejan los derechos humanos y garanticen un enfoque de salud en tratamientos opcionales y basados en evidencia científica”, subrayó el legislador.
