Al amparo de un reglamento que, para algunos, es contrario a la Ley de Juegos y Sorteos, los casinos en México y en el DF se multiplicaron a partir de 2004.
Los datos de un informe de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del cual Más por Más tiene copia así lo demuestran: existen 32 empresas permisionarias de centros de apuesta con posibilidad de abrir hasta 775 casinos.
De los 381 casinos que operan en el país, la zona metropolitana del valle de México concentra el 20% de los establecimientos, con 39 locales para apostar en el DF y otros 35 en la zona conurbada del Edomex.
A la par del crecimiento de los casinos, se ha documentado la entrega y renovación de permisos a personas vinculadas con partidos políticos. También han ocurrido tragedias, como el incendio del Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, por supuestos ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado.
Esta situaciones han provocado que tanto el Poder Legislativo como la ciudadanía propongan nuevos caminos para transparentar la entrega de permisos y funcionamiento de los casinos.
Ley antigua y reglamento controversial
La Ley Federal de Juegos y Sorteos, creada en 1947, prohíbe en su primer artículo, “los juegos de azar y con apuestas” en todo el territorio nacional.
Sin embargo, en septiembre de 2004, el ex presidente Vicente Fox emitió un decreto para crear el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que otorgó poder absoluto a la SEGOB para vigilar, regular, administrar y auditar todo lo relacionado a permisos y operación de casinos y centros de apuesta.
A dos meses de su publicación, el Reglamento fue motivo de una controversia constitucional promovida desde la Cámara de Diputados, por considerar que el gobierno federal había invadido funciones del Poder Legislativo al permitir, con las disposiciones reglamentarias, las apuestas que la Ley prohibía.
La controversia constitucional llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que en enero de 2007 validó la emisión del reglamento y su contenido.
En aquella ocasión, los ministros de la Corte reconocieron el posible “impacto social” que tendría la proliferación de centros de apuestas, sin embargo consideraron más importante la regulación de la autoridad, a través de la SEGOB.
Antes de finalizar el sexenio de Felipe Calderón, en octubre de 2012, el Reglamento fue modificado para fortalecer más las facultades de la SEGOB e incluir un apartado nuevo sobre máquinas “tragamonedas”.
La modificación del reglamento fue, nuevamente, sometida a controversial constitucional por la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia se encuentra analizando dicha controversia.
Cerrar paso a la corrupción
Ya en enero de 2013, a raíz de la publicación de notas periodísticas sobre supuestos actos de corrupción de ex funcionarios de SEGOB para entregar cuatro permisos de 25 años para operar 94 casinos, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial para investigar el asunto y elaborar una nueva ley.
La Comisión Especial, presidida por el diputado Ricardo Mejía, creó varios grupos de trabajo para analizar la controversia constitucional contra el reglamento; los supuestos actos de corrupción en la SEGOB y la revisión de todos los permisos otorgados en los últimos años; y los elementos para la creación de la nueva Ley de Juegos y Sorteos, que sustituya a la vigente que data de 1947.
“El marco jurídico reglamentario propicia la discrecionalidad en la entrega de permisos, y por el otro lado, la ley está desfasada de la realidad que vive el sector y evidentemente se tiene que modificar”, dice el diputado Mejía Berdejo.
El presidente de la comisión especial sobre casinos agrega que la ley para la industria de juegos y apuestas no condenará esta actividad, y escuchará por igual a los propietarios de casinos y a la sociedad civil.
“La idea es ser propositivos, y nosotros no estamos condenando esta actividad, simple y sencillamente queremos cerrar el paso a la corrupción: que se regule, que sea transparente y que no haya opacidad ni discrecionalidad en el otorgamiento de permisos”.
Propuestas ciudadanas
Desde hace más de 15 años, Daniel Olivares, experto en planeación turística, creó la asociación “Di no a los Casinos”, convencido de que el argumento de que los casinos atraen turistas era falso.
“El turista extranjera no viene a México para apostar, y eso se puede constatar en cualquier casino: no hay visitantes de otros países, sino sólo mexicanos adictos al juego”, afirma Olivares Villagómez.
Por el contrario, reitera, son más los aspectos negativos relacionados al mundo de las apuestas, pues se afecta la estabilidad financiera de las familias, se incrementa la ludopatía y se pierden empleos en restaurantes y bares que no pueden competir con las ofertas de bebidas y alimentos de los casinos.
El dirigente de “Di no a los Casinos” considera que la Cámara de Diputados debe resistir la tentación de hacer “una ley a modo de los casineros” y, en cambio, enlista las siguientes medidas para disminuir los problemas generados por la industria de las apuestas y sorteos:
· Prohibir totalmente los juegos incesante, donde las personas apuestan por muchas horas sin interrupción, como los bingos y “tragamonedas”.
· Ampliar las facultades del Gobierno para regular los juegos tradicionales no continuos, como carreras, peleas de gallos, lotería popular en ferias y exposiciones no permanentes.
· Elaborar un padrón de jugadores que permita a la Secretaría de Hacienda detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
· Impedir la publicidad de juegos de apuestas en medios de comunicación, y si se permite, insertar mensajes de advertencia sobre los riesgos de apostar, similares a los utilizados en las cajetillas de cigarros.
(Manuel Larios)
