Condenas que no superen los 5 años, para los jóvenes de 14 a 18, y tratamientos bajo supervisión pero sin cárcel para los menores de 12 deben ser las bases de una nueva Ley de Justicia para Adolescentes.
Una iniciativa para crear este marco legal fue presentada por el PAN en la Asamblea Legislativa, con el argumento de que la justicia para adolescentes tiene como principal objetivo la reintegración social y familiar de quienes cometen alguna conducta antisocial.
“Los derechos de los menores son objeto de especial cuidado y tutela… éstos serán, entre otros: la presunción de su inocencia; el aviso en el menor tiempo posible, de su situación a sus padres o tutores; la designación de un defensor de su confianza o la asignación de uno especializado de oficio; la asistencia gratuita de un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma español, así como el derecho a un proceso justo”, se lee en el documento.
Para la aplicación de los procedimientos que plantea la ley, habría que crear un Sistema de Justicia para Adolescentes del DF, el cual incorporaría nuevos órganos, instancias, principios, derechos y garantías, tanto de la Constitución, como de la Ley de los Derechos de niños y la de los jóvenes del DF, así como los tratados y convenios internacionales.
“Esta ley se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito, competencia de las autoridades locales y tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de 18 años de edad”, establece el texto de la iniciativa.
Entre los objetivos que plantea la ley para adolescentes está poner en marcha el sistema mencionado, reconocer los derechos y garantías de los jóvenes y garantizar su pleno respeto, crear autoridades especializadas y mecanismos para determinar la justa responsabilidad de los acusados en los delitos.
Además, pretende garantizar la protección de los derechos de la víctima y regular las penas establecidas para los menores delincuentes.
El propio texto aclara que no se pretende señalar a este sector como “potencialmente peligroso”, sino como uno que debe ser protegido ante las influencias negativas de quienes se fortalecen ante la mala actuación de las autoridades.
(MARCELA NOCHEBUENA)
