Una eficaz prevención del crimen depende de una correcta configuración de los perfiles criminológicos, que son el barómetro necesario para guiar las acciones de la políticas públicas y, sobre todo, aunque pareciese contradictorio, para contener al Poder Penal. La nueva administración federal, ha apostado por fin a un esquema activo de prevención y, en esta esencial tarea a cargo de Roberto Campa, existen acciones interesantes pero que deben ser manejadas con habilidad para evitar una interpretación desafortunada. Por ejemplo, hace unos días un medio de comunicación estableció que se haría un listado de colonias “peligrosas” epíteto desafortunado porque además de estar cargado de un positivismo trasnochado, etiqueta negativamente a zonas determinadas basándose para ello, ya no tanto en la incidencia delictiva, sino en los domicilios de las personas que han sido detenidas. Y en este aspecto, es donde deseo ahondar estimado lector, en los riesgos que esto implica. Las detenciones que realizan los órganos de seguridad (municipales, locales o federales) están marcadas muchas veces por la aleatoriedad o como consecuencia de operativos decididos con base en denuncias no siempre corroboradas. A ello obedece que en las prisiones, se encuentre un gran número de personas inocentes o sin condena. Al ser detenidas, las personas pueden mentir o decir la verdad respecto de su lugar de origen, el cual puede ser muy distinto al del lugar de sus operaciones, para el caso de ser un delincuente contumaz. Si las autoridades no corroboran la información y por el solo hecho de haber sido detenido (no condenado en juicio) utilizan su lugar de residencia como herramienta básica de información para mapear zonas criminales, ello puede derivar en la implementación de operativos restrictivos y a menudo violatorios de derechos humanos en zonas densamente pobladas pero socialmente excluidas, ocasionando una reacción adversa en lugar de una cohesión social que es lo que finalmente contribuye a la eficaz prevención criminal. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, muchos de quienes son detenidos, aducen provenir del Barrio de Tepito y, en particular de Tenochtitlán 40, vecindad que desde hace muchos lustros dejó de ser residencial para convertirse en almacén de vendedores y resguardo de narcomenudistas. A pesar de la aplicación de la extinción de dominio, hoy en día varios detenidos siguen afirmando proceder de ese domicilio. Por tanto, no es de dudarse que en diferentes partes del país, suceda lo mismo. A modo de conclusión, no existen colonias peligrosas, sino zonas marginadas de la inclusión socioeconómica, donde las subculturas proliferan, mismas que ante operativos policiales, se refuerzan y se expanden con mayor celeridad. El domicilio de un detenido, no puede ni debe conllevar a la criminalización de aquellos barrios que se pretende rescatar. *Abogado Penalista y Profesor de Criminología de la UNAM
(GABRIEL REGINO GARCÍA)
