El objetivo es impulsar políticas públicas que fomenten el bienestar en la población capitalina; serán prioritarios grupos como jóvenes, adultxs mayores, comunidades indígenas, migrantes, en situación de calle y LGBTTTIQ+
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, con el objetivo de impulsar políticas públicas y brindar un nuevo marco normativo para que el Estado garantice el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía.
El Congreso local aprobó dicha ley con la que se establece el Sistema General de Bienestar Social en la capital del país, y se publicó ayer lunes en la Gaceta Oficial capitalina, además sustituye la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, avalada en el año 2000.
“Hoy presentamos una ley que establece entre sus objetivos fundamentales, algunos de los siguientes: garantizar el derecho al bienestar, que significa gozar de una vida digna para desarrollar las capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía”, señaló el mandatario capitalino, al destacar que se brindan herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado.
Asimismo, enumeró los objetivos de esta ley:
- Disminuir los factores que fomentan la desigualdad.
- Revertir procesos de segregación socio-territorial.
- Organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad.
- Coadyuvar al ejercicio del derecho a la ciudad.
- Fomentar la reconstrucción del tejido social.
- Establecer criterios para la formulación anual del presupuesto en materia de bienestar.
- Fomentar propuestas de organizaciones ciudadanas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas.
- Definir mecanismos y procedimientos que garanticen la exigibilidad de los derechos.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres Guadarrama precisó que para lograr estos objetivos se establecieron los principios de la universalidad de las políticas sociales, progresividad y no regresividad, exigibilidad, igualdad, diversidad y participación.
Explicó que la normativa de 82 artículos contiene mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación más precisos que en la legislación anterior, para atender a la población prioritaria en temas fundamentales.
“Temas relacionados con pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, tiempo libre de calidad, servicios públicos, espacios públicos, políticas de cuidado, vivienda digna para sí y para la familia, agua potable, empleo digno, movilidad, conectividad digital”, apuntó.
Asimismo, añadió, enumera grupos específicos de atención prioritaria para el bienestar, como los de migrantes, víctimas de violencia de género y familiar, personas en situación de calle, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la población LGBTTTIQ+, personas con adicciones, personas con discapacidad y también el tema del medio ambiente.
Contendrá además el programa especial de bienestar, un padrón unificado de beneficiarios de los programas y la articulación con las diversas instituciones, dependencias y las alcaldías, que deberán coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno central.
“Con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos, y para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que emita el Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, hay articulación, pero también dirección, porque corresponde al Gobierno de la Ciudad dirigir toda la política de bienestar en todo el territorio de la capital”, explicó.
Coordinación entre autoridades
Por su parte, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López Hernández, destacó la creación del Sistema General del Bienestar Social como una instancia que promoverá la coordinación entre autoridades e impulsará la participación de organizaciones y ciudadanía.
La creación de un Sistema General del Bienestar Social, resaltó, será una instancia de participación de diversas instituciones públicas, como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social además de actores sociales.
El funcionario mencionó que en el capítulo relacionado con la planeación y la programación del sistema como un ejercicio democrático y participativo, se incluye a las autoridades, pero primordialmente las organizaciones y la ciudadanía.
En tanto, la diputada local, Martha Ávila, señaló que con esta ley las y los capitalinos cuentan con un marco jurídico más robusto para garantizar una vida digna, se garantiza las facultades de las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales, además del fortalecimiento de la coordinación entre los niveles de gobierno para implementarlos y maximizar su impacto.
Con ello, afirmó la legisladora, se evitará la duplicidad de programas sociales y se maximizará el impacto económico y social de los mismos.
Finalmente, el consultor internacional y académico, Pablo Yanes Rizo, compartió que la publicación de esta ley será una guía para construir los derechos que derivan en el bienestar de la población en sus distintas dimensiones: económicas, sociales, culturales y ambientales.
