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Édgar Elías Azar no lo dice, pero quizá lo piensa: el Tribunal de Justicia del DF, que él preside, fue derrotado por un par de abogados que documentaron el caso de Toño Zúñiga y lo exhibieron en los cines bajo el nombre de Presunto Culpable. Elías no lo dice, pero quizá lo piensa: Layda Negrete y Roberto Hernández, los abogados, deberían pagar por lo que hicieron.
Al menos eso es lo que entiendo ahora que Layda y Roberto me cuentan las últimas noticias alrededor de su premiado documental. “Estamos en un acoso procesal”, me dice de entrada Roberto. Y no exagera: el tribunal aceptó 16 demandas y, en ellas, reclaman daño moral el policía judicial —José Manuel Ortega—, el testigo —Víctor Daniel Reyes— y la familia del chico que fue asesinado —los Reyes— y por cuya muerte pasó Zúñiga injustamente dos años en la cárcel. En plata, exigen que los abogados paguen algo así como unos 3 mil millones de pesos. Layda me dice: “La demanda de la familia la entendemos, pero no la compartimos; y la del policía judicial y el testigo son parte de la venganza del tribunal”.
Layda y Roberto desmenuzan el caso. Platican que los juzgados, extrañamente, siempre calendarizan las audiencias justo cuando la pareja debe viajar al extranjero para tratar asuntos de derechos humanos y de autor —mañana miércoles, por ejemplo, debían estar en Europa y en cambio pasarán el día en el juzgado 17 de lo civil, donde tendrán careo con el testigo—. Dicen, también, que los jueces han decidido usar el código civil de 2006 y no el actual, donde el daño moral se castiga con un tope de 350 días de salario mínimo, contrario al antiguo que no conoce límites.
Cuentan que en las anteriores audiencias no se les ha permitido hacerle preguntas al policía y éste ha contestado No a todo, incluyendo si se llama José Manuel Ortega Saavedra. Y hablan de ciertas barbaridades en las demandas. Por citar algunas, el judicial dice que en un restaurante le gritaron corrupto y que de ello es responsable el documental; el testigo asegura que perdió un trabajo que nunca tuvo; y la familia pide el 40% de las ganancias en taquillas, todo porque los abogados utilizaron en el documental una fotografía del cadáver de Juan Carlos Reyes.
La película no es el problema del policía judicial; es su forma de ser y actuar ante la vida; al parecer tiene antecedentes de robo, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, ocultamiento de pruebas y otras monerías. La película tampoco es responsable de que el testigo diga que su novia lo abandonó. Y sobre el asunto de la familia habrá que reformar la ley o hacerla más clara. ¿Se lucra con la foto de un muerto? ¿Toda la gente cuyos familiares asesinados han sido retratados por los medios, por las procuradurías, por las comandancias de policía puede demandar daño moral?
Layda y Roberto nos enseñaron que las leyes están contra los pobres. Muchos nos indignamos después de mirar el documental. Creo que es hora de indignarnos de nuevo por la persecución del tribunal.
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*Estudió comunicación en la UNAM. Ha colaborado en Reforma, Milenio y El Universal y el semanario Emeequis. Es tres veces Premio Nacional de Periodismo en Crónica. Autor de Gumaro de Dios, el caníbal, Placa 36, Entre Perros y El más buscado.
(Alejandro Almazán)
