El acceso de la población callejera a su derecho al voto aún se ve lejano, pues tan sólo para tramitar su credencial del INE se enfrentan a una serie de dificultades
Brenda Raya es cronista, geógrafa e integrante del Colectivo Callejero
“¿Cómo voy a tener credencial si no tengo casa?” Es lo primero que responde un joven que sobrevive en la calle, ante la pregunta de si votará en las elecciones. Lo que parece una pregunta de decisión política, descubre una problemática profunda de este sector poblacional definido en las políticas públicas como “población callejera” o “personas en situación de calle”. Para ellxs, la falta de documentos es una constante que les impide no solamente votar, sino ejercer otros derechos.
Una persona que vive en la calle no solo no cuenta con un domicilio fijo para inscribir en su INE, tampoco cuenta con la mayoría de los otros requisitos necesarios para tramitar la credencial de elector, como otra identificación o testigos, pues lo más seguro es que su círculo inmediato sean otras personas que como él, tampoco cuentan con un documento de identificación. El camino por la obtención de la credencial se vuelve un sinsentido, que afirma una y otra vez su condición de vida.
El 8 de mayo pasado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó los resultados de la Encuesta sobre Percepción Electoral de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México, ¡Yo quiero participar!, elaborada por la organización El Caracol AC, que muestra los resultados de un ejercicio cualitativo aplicado a 100 personas.
El 77% de la población encuestada reconoció la importancia de la INE como documento de identificación y es consciente de que la credencial es un elemento necesario para el acceso a otros derechos, aun cuando la ausencia de un documento de identidad no debería ser impedimento para ejercerlos. De acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras de 2017, en la Ciudad de México había 6 mil 754 personas en situación de calle.
Necesidades inmediatas
Toño, hombre de 38 años que vivió en la calle durante los primeros 20 años de su vida y que ahora es padre de familia en una vivienda construida por él mismo, votó por primera vez el 2 de junio pasado. Entrevistado por + Chilango antes de ejercer su voto, comenta con seguridad:
“Yo he oído que Xóchitl va a quitar lo de las becas. Mis hijos tienen su beca y Xóchitl quiere repartir ese dinero, dividiéndolo, o sea si me dan 3 mil pesos, Xóchitl me va a dar la mitad y la otra mitad a un niño rico, eso no está bien, porque se lo quitarían a mis hijos para darles a los que ya tienen”. Otra joven, de 27 años, explica los motivos de su preferencia electoral: “Yo voy a votar por Claudia, porque ella fue la que puso lo del internet gratis y eso les sirve a mis hijos para las tareas o para que vean el internet”.
Como grupo social, una de sus exigencias permanentes es el cese de los desalojos de sus lugares de pernocta o de sus viviendas en la calle, que hasta hace poco era una acción considerada en la fracción III (ahora derogada) del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en la que se consideraba una infracción contra la seguridad ciudadana “usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello”. Otro ejemplo fue el Operativo Diamante, implementado en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, que entre otras cosas contemplaba la prohibición de franeleros, servicio muchas veces ofrecido por integrantes de las poblaciones callejeras.
A la protesta
La serie de agravios sufridos por esta población a través de los años desencadenó un extraordinario evento el 14 de enero de 2023, cuando protestaron en la avenida Hidalgo y el eje Guerrero, cerrando la circulación.
“Las personas de la calle también tenemos derechos”, se leía en carteles improvisados, en los que también denunciaron los desalojos con violencia llevados a cabo por la alcaldía Cuauhtémoc en pleno invierno, en los que incluso les robaron sus pertenencias.
La protesta culminó en mesas de trabajo con autoridades y representantes del gobierno central y otras instancias, que escucharon sus peticiones y necesidades durante algunas semanas.
Una problemática lejos de su solución
Aunque el IECM habla de promover los derechos político-electorales de las personas en situación de calle, la solución aún no se avista, pues señala que se aplicará “la normativa que corresponda para eliminar de manera progresiva las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos”. No obstante, la presencia activa de las organizaciones y colectivos va dejando sus frutos en las poblaciones callejeras.
El modelo asistencial va quedando atrás y hoy en día para ellxs es más importante conocer y ejercer sus derechos de manera autónoma. Saben que no se les puede negar el derecho a la salud, que no pueden ser desalojados sin un protocolo, que si alguien los violenta pueden denunciar, que pueden votar, registrar a sus hijxs, llevarlos a la escuela y que, incluso muertos, merecen un trato digno.
