Los principales retos electorales en los últimos 15 años (primera de dos partes)

Por: Carlos Bautista Rojas
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Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE (2008-2014) y luego del INE (2014-2023) nos habla de ello en exclusiva

CBR: ¿Cuál era el problema más evidente (que seguro había muchos) que tú encontraste al asumir la dirección del entonces Instituto Federal Electoral?

EJM: Asumí, formalmente, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) en junio de 2008, que es la instancia que coordina toda la operación de la institución, tanto en sus oficinas centrales como en sus órganos desconcentrados. Recordemos que el IFE fue el órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales (responsable de la elección presidencial, de senadores y diputados) y la máxima autoridad electoral de 1990 al 2014.

¿Cuál fue el principal reto? Veníamos de una elección federal muy cuestionada, la del 2006, en la que Calderón le gana a López Obrador por una diferencia de 0.56%, es decir, menos del 1%, y eso genera un ambiente bastante álgido que se extendió por meses y que llevó a López Obrador a acampar en Paseo de la Reforma.

Había mucho cuestionamiento sobre si había ocurrido fraude, si la autoridad electoral había realizado bien su trabajo o no. Yo creo que, lo que después ha venido decantándose, es que la autoridad electoral de entonces no comunicó adecuadamente los resultados, tardó en esclarecer los procedimientos y esto va a ser muy importante que lo tengamos en mente para lo que pueda venir el próximo 2 de junio: la autoridad electoral, ante un escenario tan cerrado, tardó en comunicar a la ciudadanía con claridad cuál había sido el resultado.

Yo he estudiado las evidencias de esa elección y, aunque estuvo bien organizada, el diferencial del 0.56% hizo que hubiera enormes dudas sobre su legitimidad. Tan es así que después de la elección del 2006, se inicia una nueva reforma electoral que se aprueba a escala constitucional en diciembre del 2007. Lo más relevante de esa reforma tiene que ver con medios de comunicación. Uno de los argumentos de López Obrador fue que no hubo equidad en la contienda: ¿por qué se le había dado a Calderón más tiempo en medios electrónicos? En ese momento la radio y la televisión tenían incluso más peso del que tienen ahora porque no existían las redes sociales. 

La reforma constitucional de 2007 lo que hace es prohibir la compra y venta de mensajes político-electorales en radio y televisión y cede un espacio de lo que se llama “los tiempos del Estado” al IFE para que éste los administre y se distribuyan de forma equitativa. Con ello se buscaba que no fuera el dinero lo que determinara el acceso a los medios de las diferentes opciones políticas frente a la ciudadanía. 

La reforma del 2007 también implicó otros cambios, pero en particular esto generó una gran animadversión por parte de los concesionarios de radio y televisión quienes, al no estar de acuerdo (pues con ello perdían un gran ingreso económico), en lugar de responsabilizar a los senadores y diputados (quienes la aprobaron), hicieron aparecer al INE como el villano, como “el que había aprobado una reforma totalitaria que inhibe la participación política y la libertad de expresión”. Incluso los más connotados conductores de radio y televisión se sumaron, independientemente de sus diferencias, a atacar al INE. Para colmo, en septiembre de 2009 iniciaba el siguiente proceso electoral. Recordemos que las elecciones se organizan formalmente nueve meses antes de la jornada electoral y en esa elección intermedia se renovaba la Cámara de Diputados a escala federal.

Entonces el reto fue: recuperar la confianza en el IFE como árbitro objetivo, imparcial, capaz de organizar elecciones en un ambiente en el que había quedado en duda su efectividad, con medios de comunicación que lo atacaban por haber perdido privilegios económicos y realizar una nueva elección en sólo unos meses con nuevas reglas de operación. 

Porque la reforma alteró las reglas anteriores y eso implicaba que toda la institución debía cambiar y adaptarse a las nuevas normativas, que las reformas constitucionales no señalan cómo se deben de aplicar. La ley define las grandes reglas, pero después hay que aterrizarlas en reglas de operación y para ello el INE debía tomar una serie de acuerdos para perfeccionar la norma y hacer posible las indicaciones legislativas. 

Por fortuna se pudo organizar muy bien la elección del 2009, a pesar del ambiente de fuerte crispación con los medios de comunicación y la falta de credibilidad que se tenía con ello. La institución resistió y se pudo hacer un buen trabajo de capacitación para todo el Servicio Profesional Electoral (fundamental para el desarrollo de las elecciones actuales), para las instancias administrativas y mejorar las formas de coordinación.