En un foro atropellado por la desorganización, volvió a demostrarse que las posturas en la Asamblea Legislativa siguen encontradas respecto a la regulación de marchas.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, insistió en que los legisladores locales no tienen atribuciones para regular las marchas, mientras que el jurista de la UNAM, Víctor Manuel Martínez Bullé Goiry, aseguró que sí se puede.
“La Asamblea Legislativa no tiene atribuciones para regular en una ley secundaria o reglamentaria un derecho constitucional, es competencia exclusiva del Congreso Federal. De lo que sí somos competentes es de la revisión justamente del marco normativo local, en donde se habla de estos temas como la Ley de Transporte y como es la propia Ley que regula el uso de la fuerza donde específicamente se habla de los conceptos de manifestación”, señaló Granados.
Pero Martínez Bullé Goiry aclaró que no se trataría de una ley para regular un derecho constitucional, sino cómo se usa la vía pública en el Distrito Federal.
La polémica incrementó por la presencia del líder del sindicato electricista, Martín Esparza, quien únicamente insistió en el derecho a manifestarse: “En el actual contexto, no se puede concebir un estado democrático sin el respeto pleno de las autoridades al ejercicio pleno de la libertad de expresión que, junto con el derecho a asociarnos y manifestarnos donde así lo queramos, garantiza la pluralidad ideológica y la libre expresión de las ideas”.
Pero el momento más atropellado se dio cuando los estudiantes que asistieron intentaron impedir la salida de la panista Laura Ballesteros, que desde ayer acusó politización en los invitados a la mesa, porque había estado viendo su celular durante el encuentro. Luego, buscaron que ningún invitado saliera, con el argumento de que no se habían cumplido las dos horas programadas para la discusión.
Los estudiantes calificaron como inconcebible que en ninguno de los foros, esté expresada la voz de los jóvenes.
“Desde ciertos actores reales de poder representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, es clara la intención de profundizar el proceso de criminalización y estigmatización de la manifestación pública y la protesta social, situación que se ha agudizado de forma preocupante a partir del 1 de diciembre del 2012 en la capital, con el pretexto de la comisión de actos de violencia protagonizados principalmente por las fuerzas de seguridad pública, policías vestidos de civil y algunos manifestantes”, señalaron los universitarios mediante un comunicado que leyeron durante el foro.
Ricardo Ortega Soriano, titular del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, destacó la importancia de evitar caer en un espacio donde se piense que hay soluciones absolutas que o hacen que se ejerza el derecho a la manifestación o hacen que ese derecho se tenga que disolver.
