Enfrentar los desafíos de la inseguridad en las urbes y carreteras, la violencia diaria, la polarización social, la ciberdelincuencia y la adopción de tecnologías innovadoras son imperativos cruciales para la industria de la Seguridad Privada en México y el gobierno. Ante la creciente amenaza, ambas partes deben actuar en armonía, unificando esfuerzos y optimizando la formación en todas sus facetas. Ello resulta esencial para contrarrestar los desafíos actuales y atraer inversiones extranjeras derivadas del nearshoring, con el propósito de fomentar el desarrollo económico y elevar la calidad de vida de los ciudadanos nacionales.
Coincidiendo en esta preocupación, figuras de peso como Armando Zúñiga Salinas, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Privada Unidas por México (ASUME); Juanita Guerra Mena, diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados; Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la COPARMEX Nacional; Daniel Espinosa, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP); y Héctor Coronado Navarro, líder del Grupo de Ejecutivos en Manejo de Riesgos Corporativos (GEMARC), se unieron en la promoción de un enfoque concertado.
La diputada Mena Guerra subrayó la importancia de la Reforma Constitucional, que marca un precedente al incorporar el concepto de Seguridad Privada en la Carta Magna. Asimismo, esta legislación establece la coordinación entre los servicios de seguridad privada y las entidades gubernamentales, apuntando a su cooperación como auxiliares en la preservación de la seguridad pública y situaciones de crisis.
La labor de la Seguridad Privada, en opinión de la legisladora, requiere no solo un compromiso significativo sino también una formación sólida, dado el alto nivel de responsabilidad implícita. Zúñiga Salinas extendió su agradecimiento por el apoyo en la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada y solicitó la pronta presentación de otras leyes complementarias. La relevancia de la industria es innegable, especialmente en un contexto marcado por inversiones y violencia.
La cifra del 1.8% del PIB representado por la industria de la Seguridad Privada en México, así como la generación de más de 900,000 empleos directos, resaltan su impacto económico y social. Además, la presencia de más de 1,400 empresas a nivel federal y 4,000 estatales y municipales, junto con la unión de 32 asociaciones en ASUME, subraya su amplio alcance.
En el escenario de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la preocupación ciudadana por la inseguridad es palpable, con más del 62% de los adultos considerando sus ciudades como inseguras para vivir. Las ciudades de Fresnillo, Zacatecas; Zacatecas capital; Ciudad Obregón, Sonora; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Irapuato, Guanajuato; y Naucalpan de Juárez, Estado de México, se identifican como las más inseguras por sus residentes.
La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y el Grupo de Ejecutivos en Manejo de Riesgos Corporativos (GEMARC) recalcan la necesidad de una formación sólida en el sector, tanto para el personal operativo como para los líderes de las empresas. La educación y la profesionalización emergen como claves en la búsqueda de soluciones eficaces y sostenibles.
En conclusión, la Seguridad Privada en México está en un punto crucial, donde la colaboración entre la industria y el gobierno, la formación especializada y la implementación de leyes adecuadas se revelan fundamentales para superar los desafíos actuales y forjar un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos.
Fotografía: cortesía
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