Inmuebles intestados o sin escrituras, con décadas de adeudos por impuestos, protagonizan una guerra silenciosa por la vivienda en la capital
A veces los edificios hablan. Literalmente, sí. Aunque lo hacen por escrito. En la calle de Fresno, en la colonia Santa María la Ribera y muy cerca del Circuito Interior, una manta de 2 x 2 advierte con mayúsculas: “ESTE EDIFICIO NO ESTÁ EN VENTA, TAMPOCO EN RENTA”. Quien quiera más información, advierte el cartel, debe comunicarse con el abogado del cual aporta un nombre pero no un número ni un correo.
La estampa es por demás costumbrista. Basta un recorrido de media hora por los alrededores para admirar una docena de carteles similares: “Este predio está siendo resguardado por la Unión Popular Emiliano Zapata para un proyecto de vivienda social. No se deje sorprender: no hay más lugares”.
“Este inmueble no está a la venta, que no lo engañen”. Uno carismático, en la colonia San Rafael: “Si quiere información sobre este inmueble escriba a: [email protected]”.
Dentro de la economía de la ciudad pocos bienes resultan tan codiciados como las propiedades inmobiliarias. Hace todavía dos generaciones era menos complicado comprar una vivienda; había mejores prestaciones laborales, créditos hipotecarios menos duros, salarios no tan afectados por la inflación, todo eso.
La vivienda ha pasado de ser un derecho a ser mera mercancía, incluso lujo, botín de guerra. Y cada cartel exhibido en la fachada de algún edificio de la capital insinúa un drama familiar, una intrincada estafa o anécdotas de resistencia y organización vecinal.
Luchan en tribunales por su hogar
Hace cinco años una inmobiliaria compró el edificio donde Daniel tiene su departamento. Al principio respetó el contrato de este hombre de más de 60 años, pero un año después volvió a vender el inmueble a una segunda inmobiliaria –con Daniel dentro pero sin informar a los nuevos compradores que él existía–.
A él le olió mal tal menosprecio. Cuando le pidieron el departamento se inconformó: se estaban violando los acuerdos que él y el propietario anterior habían firmado. Contrató un abogado, dejó de pagar renta y se atrincheró: obligó a la inmobiliaria a indemnizarlo. Se mudará en unos meses.
Nueve años atrás Marlene fue desalojada junto a todxs sus vecinxs. Hacía décadas que no tenían noticias de la propietaria del inmueble, una extranjera que poseía el 90% del dominio. Después de años de pagar el mantenimiento, la luz y hasta el predial lxs vecinxs intentaron organizarse para expropiarlo a su favor.
Se aliaron con una organización que terminó siendo una estafa y vendió los datos del inmueble a algún vival que quiso adueñárselo. Un homónimo intentó hacerse pasar por uno de los copropietarios y buscó la manera de expulsar a la gente.
Algún funcionario se prestó al engaño y la Fiscalía Ambiental terminó por acusarlos de crimen ambiental excusando cascajo en la vía pública y desalojó a todos. A la fecha, Marlene y sus vecinxs han hecho uso de todos los medios legales para documentar el fraude y recuperar su hogar.
En 2019 conocí a Lola, quien decidió demandar al propietario del edificio donde vivía, clasificado como un inmueble en riesgo de colapso desde hacía años. Exigía que el inmueble se expropiara en beneficio de los inquilinos para que se rehabilitara con fondos públicos. Fue desalojada.
Hace unos meses, los integrantes de una organización de lucha por la vivienda –una de las tantas herederas del 85–, invadieron un edificio que estaba en proceso de extinción de dominio y en donde se había planteado un proyecto de vivienda social por parte del gobierno capitalino para los integrantes de otra organización. Fueron desalojados hace pocos días.
Son historias reales. Me reservo direcciones y apellidos porque tanto organizaciones de vivienda como mafias inmobiliarias, en alianza con autoridades, rastrean este tipo de información no siempre para el bien común.
Viviendas sin escrituras
De acuerdo con el INEGI, el 16.3% de las viviendas propias habitadas del país carece de tenencia segura por falta de escrituras. En la Ciudad de México, según el Colegio de Notarios, el porcentaje podría ser aún mayor: por encima del 40%.
Respecto a la seguridad en la tenencia, “actualmente no existe un registro o medición oficial al respecto”, dice el Diagnóstico basado en los siete elementos de una vivienda adecuada, incluido en la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI.
“El proceso de escrituración resulta en procedimientos tardados y costosos para las personas pues los gastos notariales llegan a representar entre el 5 y el 10% del valor de un inmueble”. Y en cuanto a vivienda en renta, el documento señala el bajo porcentaje (41%) de contratos que fijen responsabilidades y obligaciones tanto de inquilinos como de arrendatarios.
De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, hasta junio de 2024 se registraron 1,926 denuncias por despojo de patrimonio en la capital. En los últimos cinco años, desde enero de 2019, se cuentan más de 22 mil 200 casos.
Habitamos una ciudad construida sobre papeles frágiles en donde, a veces, los edificios hablan.
