El PAN hizo aportes esenciales a la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia, todos con el propósito de fortalecer su contenido sin desdibujar sus propósitos. Correcciones a olvidos inexplicables, generalizaciones indebidas y deficiencias claras.
Las mayores modificaciones que sufrió la minuta versaron sobre los contrapesos a los nuevos órganos autónomos, esto es, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica. La premisa es simple: la autonomía no debe ser sinónimo de autarquía.
En un Estado democrático de Derecho toda expresión de poder debe someterse a límites. El poder que se ejerce a través de los poderes tradicionales –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- pero también de aquel poder que se “deslocaliza” bajo una lógica de especialización funcional. En este rubro, el PAN propuso que cada organismo estuviese bajo la fiscalización de una contraloría independiente, encargada de revisar el uso y ejercicio de los recursos públicos y de evaluar, desde una perspectiva integral, su desempeño.
También propusimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera conocer de los diferendos competenciales entre organismos autónomos y otros poderes, de manera tal que cualquier decisión que vulnere la distribución constitucional de funciones pueda ser corregida. Así, nadie podrá invadir el carril que le corresponde a otro. Con ello, ningún poder u órgano queda fuera del imperio de la Constitución.
Se planteó que era necesario fortalecer los controles democráticos sobre la acción de estos organismos, de modo que se introdujo a la reforma deberes concretos de rendición de cuentas, de comparecencias periódicas, de presentación de informes, así como la capacidad del Senado de remover, por causas graves, a los comisionados de los nuevos organismos
Frente a la pretensión de limitar los mecanismos de impugnación sobre las decisiones de estos organismos autónomos -en el entendido de que se ha abusado de estrategias litigiosas para evitar la ampliación de la competencia en nuestro país y para contener las funciones regulatorias sobre sectores económicos especialmente relevantes como las telecomunicaciones-, el Senado introdujo una medida de sensatez: creó un mecanismo excepcional para que ciertas resoluciones de la Comisión Federal de Competencia que pueden tener efectos irreparables, especialmente ruinosas o que mal utilizadas para servir para excluir competidores, no se ejecuten plenamente hasta en tanto el juicio de amparo se resuelva en definitiva.
Este modelo es un sano equilibrio entre, por una parte, la necesidad de evitar la paralización intencional de la acción regulatoria del Estado y, por otra, los derechos a la acceso a la justicia de actores económicos que no participan en el mercado de las telecomunicaciones, pero que se encuentran igualmente sometidos a la regulación en materia de competencia. Por más agraviante que hubieren resultado las acciones litigiosas de ciertos regulados, no todos los agentes económicos deben pagar las consecuencias.
Asimismo, el Senado corrigió algunas deficiencias de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados. Destaca la modificación en cuanto a la facultad del Gobierno de emitir opinión previa sobre decisiones que corresponden a los organismos autónomos.
En efecto, la opinión del Secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de concesiones y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la determinación de las contraprestaciones se sometieron a plazo cierto y, además, se les quitó cualquier carácter vinculante. Esto para hacer valer efectivamente la autonomía de la nueva autoridad reguladora.
Un total de 18 modificaciones a una valiosa iniciativa. Un Senado dispuesto a ejercer su función de cámara revisora. Un partido que fue capaz de convencer, sobre la base de razones, de que en política siempre puede haber un resultado mejor. Una reforma que, en el mediano plazo, se traducirá en mejores y más baratos servicios para los ciudadanos, pero sobre todo que ha roto el círculo de protección entre los intereses políticos y económicos. En suma, una buena noticia para México.
¡Anímate y opina!
Senador de la República (PAN)
