LA VICTIMA
Francisco tiene cinco años y ya va a una nueva escuela, sus calificaciones han mejorado, pero todos los días debe tomar un cuarto de pastilla para controlar los nervios y el estrés a consecuencia de ser discriminado en La Salle de Seglares, su antiguo colegio particular.
Su origen mazateco y padecer encopresis y enuresis (defecar y orinar de manera involuntaria) fueron las razones por las que las maestras de español e inglés, Alicia Beatriz Pliego de Anda y Gisela Marín Cruz, respectivamente, discriminaban a “Paco”.
Según la opinión jurídica del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPRED/Q/01-2014 que corresponde al expediente COPRED/DCND/Q-101-2013, “se acreditó el acto de discriminación”.
Hace siete meses Gloria, madre de “Paco”, y la jefa de Gloria, Silvia González, quien funge como tutora del menor denunciaron los actos de discriminación de los que era víctima Francisco ante Copred.
EL PROCESO
Tras la denuncia, inició el desahogo de pruebas, se realizaron entrevistas con todos los involucrados, se le hicieron pruebas psicológicas al menor y se dio un proceso conciliatorio entre ambas partes pero no hubo ningún acuerdo, el Colegio La Salle de Seglares no quiso admitir que discriminó al menor.
Durante la conciliación el colegio hizo un ofrecimiento para que el niño continuara siendo alumno, se ofrecieron una serie de acciones para incorporarlo al ámbito escolar, pero no se reconoció la discriminación, razón por la que la familia se negó a aceptar el ofrecimiento.
La denuncia pasó al ámbito legal y ahora está en manos de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), por el delito de discriminación, sin embargo no ha dado ninguna resolución al caso pues aún continúa la averiguación previa.
Silvia González, tutora de Paco, denunció en entrevista el caso está archivado en la PGJDF, luego de que Gloria se negara a aceptar entre 70 y 100 mil pesos para retirar la denuncia.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La discriminación es un delito que se sanciona con uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo, según el Código Penal del DF.
Esta protección aplica para quien sea víctima de discriminación por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
El año pasado se recibieron sólo dos denuncias de este sector.
(GEOVANA ROYACELLI)
